El Fiscal de Estado del Chubut, Diego Carmona, confirmó que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ratificó la medida cautelar oportunamente presentada, a instancias del gobernador Mario Das Neves, para frenar las importantes subas en las facturas de gas.

"A primera hora nos confirmaron que la Cámara ratificó la medida cautelar que habíamos logrado a mitad del año pasado para evitar que el cargo que ilegítimamente se había incorporado a la legislación se siga cobrando", expresó Carmona al indicar que dicha sentencia frena los recargos en tanto la Justicia resuelve la legalidad del decreto 2067/08 que determinó los aumentos.

El Fiscal de Estado sostuvo que la ratificación de la medida cautelar "brinda la tranquilidad que durante todo el proceso no se va a volver a discutir la medida y el cobro de las facturas", y en ese marco explicó que "durante este proceso la Cámara confirma que el Estado Nacional o Camuzzi no pueden cobrar este cargo que había sido incorporado a la factura".

Sin sustento

La importancia de esta convalidación fue destacada por Carmona al precisar que "la instancia posterior sería la Corte Suprema, y la Corte Suprema tiene dicho hace mucho tiempo que no se avoca a tratamientos de cuestiones de medidas cautelares que son provisorias, solamente decide cuestiones que tienen sentencia definitiva", dijo.

Cabe recordar que la provincia presentó meses atrás por intermedio de la Fiscalía de Estado ante la Justicia Federal una medida cautelar solicitando suspender el cobro de facturas de gas ya emitidas a los usurarios residenciales del Chubut; no efectuar cortes en el suministro del servicio por la falta de pago de las mismas; y refacturar las boletas emitidas aplicando el cuadro tarifario anterior.

"Este es un esquema en donde el Estado Nacional se ha manejado en una constante", consideró Carmona quien en ese sentido indicó que "todo lo que tiene que hacer es definir y establecer un esquema tarifario real que puede tener distintas consideraciones para distintos sectores pero que tiene que tener un debate de cuáles son las tarifas que tenemos que pagar, el Estado Nacional no lo quiere hacer y entonces saca un decreto pero sin ningún sustento jurídico y obliga, a un tema que debería ser discutido en el Congreso de la Nación, a judicializarlo", concluyó.