Un nuevo golpe al bolsillo significó el aumento autorizado por el Gobierno nacional para las tarifas de peaje. Si bien los incrementos de precios ya no son noticia y las empresas concesionarias también han de tener que hacer frente a mayores costos laborales con las inminentes paritarias, es claro que previo al otorgamiento de ajuste, las autoridades no tienen en cuenta cómo se está brindando el servicio ni si se realizan las obras comprometidas, inherentes al mantenimiento de la red y la seguridad vial. En otras palabras, lo que no se hace es evaluar antes de conceder. No hay control.

Y así siguen sin cumplirse los programas de mejoras que permitirían una mayor seguridad vial en las rutas que atraviesan el Partido de Pergamino, puntualmente el tramo de la carretera Nº 188. “Es realmente increíble enterarnos que se convalidó una nueva suba de entre el 20 y el 50 por ciento en los peajes”, se quejó la concejal Gabriela Taruselli durante una nota con LA OPINION teniendo en cuenta que la edil viene trabajando desde hace tiempo con los reclamos por el mal estado de las carreteras de la región. “Una vez más hay que pagar nuevos valores para utilizar los accesos a Capital Federal y también para poder transitar por unos 6.000 kilómetros de las rutas más transitadas del país que desde 2003 son explotadas por Uniones Transitorias de Empresas (UTE) a través de ocho corredores viales”, agregó la exsecretaria de Gobierno aclarando que estos contratos de concesión tienen a su cargo construcción, mejoras, reparaciones, mantenimiento, ampliación de los caminos y explotación de las rutas correspondientes, tareas que al menos en nuestra zona brillan por su ausencia

- ¿Cuál es la situación de los peajes en rutas de la jurisdicción de Pergamino?

- Nuestra zona está atravesada por las rutas nacionales Nº 8 y 188 con una larga historia de promesas incumplidas y lamentablemente muchas víctimas en siniestros viales; pero la gente debe saber que la ruta Nº 188 constituye el sector vial dos en su tramo San Nicolás – Realicó, provincia de La Pampa, siendo concesionada al Corredor de Integración Pampeana (Cipsa) en 2010 en el marco de una presentación que realizada por la unión transitoria de empresas integradas por Esuco S.A. - Contreras Hermanos por un monto de 1.350.543.505 por el plazo de seis años. En este contrato se preveían obras de reparación intensiva, muchas de las cuales se llevaron adelante con repavimentación y ensanchamiento de la vía que sin lugar a dudas es un logro para nuestra región dado el estado de las mismas, pero la pregunta es ¿qué pasa con los trabajos nuevos previstos en los pliegos de las concesiones de los ocho corredores viales?

La concesionaria debía ejecutar obras en Pehuajó, Uriburu, Lonquimay, San Nicolás, Conesa, Peña, Acevedo y Pergamino en intersección con ruta provincial Nº 32 y zonas del Segundo Cruce; asimismo habían prometido mejoras en los partidos de Rojas, General Pinto, Coronel Lagos y General Villegas que deberían haberse empezado a ejecutar en los años 1 y 2 de la concesión con plazos que iban de 4 a 14 meses.

- En el plano estrictamente local ¿no hay avances con los trabajos prometidos?

- En nuestro Partido las obras de la curva “de Gerde” debieron finalizarse en 2011 junto con la curva “de Peña”, el Segundo Cruce, y la intersección con ruta Nº 32 tendría que estar cumplimentada hace dos años. Pero como sabemos y padecemos, las tareas críticas para la seguridad vial de quienes las transitamos no se cumplieron.

Está además el caso particular de la curva entre Acevedo y Peña, que fue la única que a raíz de interminables gestiones estuvo más avanzada ya que cuenta con proyecto técnico aprobado. Tenía número de obra C2-08 ya que en 2011 tenía autorizado un monto de dinero de 2.984.974,59 pesos más un consentimiento de gasto adicional de actualización solicitado por la empresa contratista de 107.420,19 pesos; aún así la obra no está y los accidentes continúan. Cabe preguntarse entonces ¿por qué Vialidad Nacional y el Ministerio de Obras Públicas u organismos concedentes no exigen los términos de contratos licitatorios a estas empresas no lo hacen? ¿Por qué no interviene el Organo de Control de Concesiones Viales acallado hace tanto tiempo, desde que pasó a ser una dependencia de Vialidad pero que debería velar por los derechos de los usuarios que pagan peaje?

La respuesta quizás esté en la relación que estas mismas empresas, por lo general constructoras o financieras, tienen con el Gobierno nacional ya que a pesar de ser uniones transitorias para la concesión de las rutas sus nombres se repiten una y otra vez en la adjudicación de obras públicas desde este mismo Ministerio.

Los mismos nombres

“Todos recordamos el triste paso de Corporación América S.A. - Helport S.A. en la ejecución de la autopista Pilar-Pergamino concesionada en 2006 pero hoy quedó en manos del corredor vial 6 donde se repiten los nombres de Rovella-Carranza, que poseen la concesión del corredor vial tres, y Petersen, Thiele y Cruz S.A., que explota el sector vial 8. Y para aquellos que no saben todas estas compañías constructoras se adjudicaron las obras en la ruta Nº 8 en el sector comprendido entre el Aeroclub y Fontezuela”, denunció la concejal de Pergamino.

“Pero los nombres en la obra pública nacional siguen siendo José Chediak, Britos S.A., Equimac, Decavial y Electroingeniería (estas últimas tuvieron a su cargo la ruta Nº 188 anteriormente sin ninguna inversión ni mantenimiento); también está Dycasa y otras entre las cuales tienen un papel relevante aquellas que pertenecen a empresarios del sur como Lázaro Báez y que se diversifican conformando Uniones Transitorias de Empresas”, resaltó Gabriela Taruselli. “Pero finalmente se quedan con millonarias obras que adjudica el Estado nacional y que tienen un denominador común: falta de control, incumplimientos contractuales y desconocimiento de plazos que afectan directamente a los pergaminenses porque están en juego las refacciones de caminos regionales”.

Habrá una denuncia en la Auditoría General

“El Ministerio que conduce Julio de Vido se ve en una encrucijada: o reconoce los incrementos inflacionarios reales atendiendo el planteo de las empresas de mayores costos para hacer frente a gastos de mantenimiento y ejecución de inversiones previstas en los contratos, o bien se somete a estos acuerdos por los cuales se reprograman obras, se alargan plazos y se evitan controles. Ante este panorama quedamos los usuarios que pagamos el peaje y estamos en medio de la desaprensión y destrato por la vida”, señaló la concejal Taruselli.

“Esta denuncia la llevaremos a través del diputado nacional Héctor Gutiérrez hasta la Auditoría General de la Nación en busca de respuestas”, advirtió la edil que trabaja en relación a nuevas presentaciones para lograr respuestas sobre trabajos viales en la zona urbana de la ruta nacional Nº 188.