Auditoria defendió en Diputados su investigación sobre Plumada

Los miembros de la Auditoría General de la Provincia que concluyeron que el "encargo" de digitalización de archivos que el gobierno de Juan Carlos Romero hizo a Plumada en los últimos días de su gestión incumplió distintas normas legales provinciales, defendieron ayer su informe frente a la Comisión Bicameral de Cuentas de Inversión de la Legislatura, que preside Ángel Morales.
El presidente del organismo de contralor, Miguel Torino; el auditor Sergio Moreno que firmó el informe, y los profesionales del equipo que realizó el trabajo, puntualizaron punto por punto los trabajos que se realizaron antes de redactar el informe, cuyos resultados repercutieron en la Cámara de Diputados.

Según el informe de la Auditoría el "encargo" que hizo el gobierno de Romero a través de un decreto que firmó Mashur Lapad a cargo del Ejecutivo, no podía, como se hizo, encuadrarse en el convenio marco del contrato de Plumada.

Además, en el rápido tramite que se hizo para llegar al encargo, no se cumplió con la ley de procedimientos administrativos, ni con la ley de contrataciones, ni se hicieron las previsiones presupuestarias correspondientes.

"Los auditores nos informaron todo el procedimiento que hicieron, de acuerdo a los fines que tiene la Auditoría General de la Provincia", explicó Morales después de la reunión.

En todo caso, lo que tanto funcionarios como legisladores resaltaron durante la reunión es que se trató de un informe de gestión, que no tenía como objetivo determinar las responsabilidades de los funcionarios en el tema.

Como se sabe, tres días antes del traspaso de gobierno, el gobierno de Romero llegó a pagar un adelanto de tres millones trescientos mil pesos por el encargo de la digitalización del patrimonio bibliográfico y documental del Complejo de Bibliotecas y Archivos.

Pese a ese dato consignado en el informe, auditores y legisladores dejaron en claro que no está en su objetivo determinar las responsabilidades de los funcionarios de Romero que participaron en el trámite.

"Ya en el mismo decreto del gobernador Juan Manuel Urtubey que dispuso la anulación del contrato con Plumada se dispuso girar el caso a la Fiscalía de Estado y a la Procuración. Ahora será la Justicia la que tenga que determinar las responsabilidades civiles y penales, puntualizó Morales.

En el encuentro fue Javier David el que más preguntó acerca de los procedimientos y los materiales con las que trabajó la Auditoría. Y se dejó abierta la posibilidad de que funcionarios que participaron del proceso administrativo realicen presentaciones en la Auditoría, una posibilidad que de todos modos no alteraría demasiado el resultado del informe.

Ahora la Comisión Bilateral Revisora de Cuentas de Inversión emitirá un dictamen que se debatiría el próximo martes en la sesión de Diputados. Hasta tanto, Morales adelantó su evaluación personal.

"El procedimiento que se observó es correcto", señaló.

En la reunión, además, los auditores resaltaron que una vez concluidos los informes de auditoría son públicos.

Pero lamentaron que otros auditores hayan salido después a desmerecer el trabajo hecho acerca de Plumada.

La crítica fue dirigida a Roberto Daniel Nallar, que había dicho que no tenía grandes revelaciones y se había quejado de su utilización política.

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