La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (Agcba) había advertido en un informe anterior al derrumbe del bar Beara que en la ciudad, la cantidad de inspectores encargados de controlar a locales bailables y dedicados a fiestas y eventos era “insuficiente”. Así lo confirmó un vocero de ese organismo de contralor a La Política Online y así puede comprobarse en el documento que puede verse adjunto en esta nota.
Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) que funciona bajo la órbita de la Agencia Gubernamental de Control (AGyC), en términos de eficiencia, eficacia y economía. Fue presentado en la legislatura de la ciudad el 9 de abril de este año. También, con el número 1094, se auditó la labor de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y el 21 de julio de 2010, se elevó el informe a la legislatura.
En ambos trabajos, elaborados por el organismo de control, se realizaron severas advertencias sobre las carencias del sistema encargado de habilitar y controlar el uso correcto de esas habilitaciones en bares, boliches y salones de diversión nocturna de la ciudad. Sin embargo, casi dos meses después de la entrega del último informe, sucedió el derrumbe de un entrepiso en el boliche Beara de Palermo, dos chicas de 20 y 21 años murieron y desde la auditoría creen que de haberlos escuchado, la tragedia se hubiese evitado.
En el primer informe cuya elaboración concluyo en marzo de este año, se advertía la “insuficiencia” en cuanto a dotación de inspectores y por consecuencia, un control deficiente, carente de objetivos y parámetros comunes que permitieran una mejor tarea. “Falta de uniformidad de criterios ante una misma irregularidad detectada en distintos establecimientos que desarrollan la misma actividad”, notifica el expediente alertando sobre posibles permisos cuyo motivo para generarse, a la auditoría, le resultaba improcedente.
Lo que resulta aún más llamativo es que en esa misma presentación, se daba cuenta de que fueron fiscalizados establecimientos que “no desarrollaban actividad alguna y/o cuyos domicilios eran inexistentes”. En ese mismo documento, se advertía de “el alto riesgo inherente que conllevan las responsabilidades primarias del área auditada”.
“Las habilitaciones otorgadas, permiten concluir que no fue eficaz ni eficiente la gestión de los trámites llevados cabo por la Unidad de Organización en el período auditado”, precisa el parte final que nadie tuvo en cuenta. Además, se señalaba la inconsistencia de datos entre los trámites ingresados y las habilitaciones otorgadas y la carencia de un sistema de registración y seguimiento adecuado.
Es preciso destacar, según aclararon en el ente de supervisión a LPO, que cuando se realizó el trabajo de campo que luego arrojó los informes, la profunda reestructuración organizativa que imperaba como consecuencia de la creación de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
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