Inspectores del Tribunal de Cuentas estaban en esa ciudad analizando lo invertido en ese proyecto.
Según trascendió, el TC ya había enviado la semana pasada a sus inspectores y esta semana volvieron para continuar cotejando los gastos declarados por el municipio en la ejecución del proyecto promocionado como "Dios es inalámbrico" y la instalación de redes y antenas efectivamente realizada.
El proyecto para dotar de internet inalámbrica y gratuita a toda la ciudad data de 2006 y, en principio, el intendente José Perea invirtió regalías mineras -se habla de 50 mil- en tal empresa. A eso se sumó, posteriormente, un aporte extra de 600 mil que otorgó el Ejecutivo Provincial en 2009, mediante un decreto del Poder Ejecutivo (ver aparte).
Los auditores trabajaban ayer a puertas cerradas en la sede municipal estudiando los expedientes vinculados al controvertido proyecto de conexión a la red de internet.
Es que si bien el servicio fue habilitado oficialmente a mediados de 2007, desde el inicio internet no tuvo el alcance prometido.
De hecho, este diario publicó en sucesivas ocasiones, artículos que daban cuenta de la falta de cobertura del servicio de internet no solo en las zonas más alejadas, sino en pleno centro andalgalense.
Según datos que trascendieron, teóricamente el municipio había propuesto instalar 300 antenas que, cubriendo ciertas zonas, lograran generar una gran cobertura wi-fi en la ciudad. Sin embargo, la información que se maneja es que se instaló una cantidad de antenas significativamente menor a la señalada en los papeles.
De todos modos, habrá que esperar que la auditoría del TC concluya para determinar si hubo irregularidades en la adquisición de la tecnología y el servicio de internet para la Perla del Oeste.
Un aporte extra de 600 mil
A la inversión que el propio municipio hizo de sus recursos de regalías mineras en el proyecto de internet inalámbrico, se sumó el generoso aporte extra que le otorgó la Provincia al intendente José Perea. Fueron 600 mil pesos que tenían un destino específico: "la adquisición definitiva del servicio de internet inalámbrico gratuito que funciona en esa ciudad". Así surge de un decreto del Ministerio de Gobierno y Justicia publicado el 26 de febrero de 2009 y cuya difusión, a través de este diario, causó polémica entre los andalgalenses.
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