Tal cual estaba previsto, ayer se realizó la primera audiencia pública en El Calafate, en las instalaciones del Concejo Deliberante. La llevó adelante la Subsecretaría de Medios Ambiente de la provincia, con la finalidad de exponer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) sobre la reubicación del basural local.Como ya informara La Opinión Austral, el municipio lleva adelante las acciones para obtener financiamiento del plan nacional GIRSU (Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos), el que con dos créditos del Banco Interamericano (BID) apunta a anular los basurales a cielo abierto de varias ciudades del país, entre ellas El Calafate. Para acceder a los fondos, el municipio debe cumplimentar una serie de requisitos, entre ellos el de una audiencia pública donde se exponga el Estudio de Impacto Ambiental.La directora general de Recursos Naturales no Renovables, Miriam González y la Ing. Alejandra Wladimirsky, directora de Calidad Ambiental, ambas de la subsecretaría provincial, fueron quienes encabezaron la audiencia, que duró unas cuatro horas.La tarea de las funcionarias provinciales no fue fácil. A lo largo de la audiencia debieron lidiar con cierta desinformación de vecinos, planteos por fuera del tema en cuestión y el reclamo constante de la falta de información que hubo en la ciudad sobre esa audiencia pública, además del corto plazo que tuvieron los vecinos para hacerse de información. La audiencia fue para exponer el EIA del proyecto, mediante el cual se pretende abrir un centro de gestión de residuos con planta de selección y lugares de disposición final. El lugar elegido se ubica dentro de 600 hectáreas que la provincia expropió a la estancia “25 de Mayo” años atrás, por lo que también hay un expediente en tratamiento en la Justicia civil de Santa Cruz, ante la oposición de los propietarios.La audiencia fue abierta por el presidente del HCD local, Alexis Simunovic, hablando sobre la importancia de la primera experiencia de participación ciudadana.

PonenciasLuego que las funcionarias de Medio Ambiente dieran a conocer el reglamento de la audiencia, el ingeniero Alvaro Sánchez Granel, coordinador técnico del programa GIRSU, informó sobre el plan nacional y el avance que está teniendo en diferentes ciudades, y cómo llega El Calafate a tener posibilidad de acceder a esos fondos.Luego, el ingeniero Gustavo Sanso, de la Fundación Parques Nacionales, dio detalles del proyecto. Explicó que se contemplan dos etapas para abrir en la ciudad un Centro de Gestión de Residuos, con un costo total de 50 millones de pesos, teniendo instalaciones y operatividad calculadas en 20 años a futuro.Luego, el coordinador del equipo de la universidad que realizó el Estudio de Impacto Ambiental, René Asueta, contó detalles y conclusiones del estudio.Era justamente la conclusión del EIA el núcleo de la audiencia pública. El representante de la universidad dijo que se analizó que el proyecto de ubicación del centro de gestión de residuos en inmediaciones de Laguna La Seca “tiene impactos negativos, pero son perfectamente mitigables con buen manejo de los residuos”. Luego finalizó diciendo que por todo lo analizado, el proyecto es “ambientalmente aceptable”.

PúblicoLa audiencia pública de ayer no tuvo una presencia masiva de público. Además de los ingenieros que representaban a autores del proyecto y el equipo del Estudio de Impacto Ambiental, estuvieron los representantes del municipio, que se limitaron a los dos abogados: Juan Solari y Andrés Gutiérrez. El público estuvo compuesto por unas 50 personas, entre ellas algunos concejales y las diputadas nacionales Susana Toledo y Ana Ianni. 13 fueron las personas que se habían inscripto para hacer uso de los cinco minutos que estipula el reglamento, ausentes tres de ellas.En su mayoría, la decena de personas que habló en la audiencia cuestionó que si bien se está en etapa de proyecto de un Centro de Gestión de Residuos Sólidos, el municipio ya comenzó a arrojar residuos en ese mismo lugar y sin EIA previo, algo que quedó sin respuestas por no ser el tema a tratar y porque es una respuesta que debe dar la Municipalidad local. Entre los planteos de vecinos, pocos fueron los precisamente técnicos y sobre los que la Subsecretaría de Medio Ambiente debe decidir su viabilidad y un argumento.Ariela Aristizábal, integrante de la familia propietaria de los campos expropiados y quien lleva adelante la protesta judicial por disconformidad de la expropiación, dijo que el lugar fue elegido “a dedo” y pidió que las autoridades respondieran si no deberían haber señalizado otros dos lugares más, con sus respectivos fundamentos.Liliana Frías, ambientalista local, licenciada en Ecología y Conservación de Recursos Naturales Renovables, cuestionó a los profesionales de la UNPA. “Yo me pregunto cómo tan distinguidos colegas pudieron hacer una evaluación de impacto ambiental haciendo una sola visita al sitio, diciendo además en la página 53 que fue una época desfavorable, quizás vivan en las antípodas, pero creo que la universidad está a 300 kilómetros, pudieron haber venido muchas más veces y hacer una evaluación más especifica del sitio”. Ahora, la Subsecretaría de Medio Ambiente tiene dos días para argumentar las diferentes cuestiones planteadas y así avanzar en la consideración del dictamen final, aunque ya se cree que técnicos y profesionales de la institución deberán tomarse más tiempo para la opinión final.

Municipio defendió decisión El Calafate, (Corresponsal).- El día después de la audiencia pública, el municipio salió a contestar el principal cuestionamiento recibido por algunos de los vecinos participantes. En varios puntos de la audiencia los asistentes preguntaron y cuestionaron por qué el municipio ya había cerrado el basural ubicado dentro de la zona urbana, comenzando a llevar residuos a Laguna Seca, sector donde se prevé la ubicación del Centro de Gestión de Residuos Sólidos, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se sometió a audiencia pública recién el martes.Se le sumó la explicación del director del proyecto, Gustavo Sanso, quien en su explicación dejó en claro que las acciones que realiza el municipio en la actualidad no están comprendidas en el proyecto que se prevé para la ciudad, el que forma parte de un plan nacional para desterrar los basurales a cielo abierto.El tema es uno de los desprendimientos de la audiencia pública, por lo que ayer el municipio envió a que sus funcionarios contestaran y aclararan el caso.El tema no era un secreto, el mismo municipio había informado su decisión de dejar de verter residuos en el basural de la localidad y comenzar a utilizar el predio ubicado a 11 kilómetros de la localidad.En los primeros días de octubre, mediante entrevistas periodísticas y comunicados formales, el gobierno local había informado públicamente el cambio de lugar en forma inmediata. ¿La razón? El predio ubicado en zona del barrio Félix Frías estaba superado en su capacidad y desde principio de año allí se suscitaban constantes incendios. Pero el cambio de lugar no comprende hasta ahora un cambio en la forma de tratamiento, ya que se continúa arrojando los residuos de la misma manera, a la espera de la concreción del proyecto del Centro de Gestión de Residuos, siendo esta característica la cuestionada por los asistentes a la audiencia pública.“Los residuos los estamos arrojando en la misma zona, pero no es exactamente el lugar donde se desarrollará el proyecto. No tenemos otra. Es un lugar de sacrificio porque el basural en la localidad estaba superado y preferimos no buscar un tercer sitio”, explicó Carlos Alegría, el secretario de Planificación y Urbanismo de la Municipalidad. El funcionario explicó que una vez que se obtengan los fondos para el desarrollo del Centro de Gestión, el sitio donde se está arrojando la basura será remediado. Los vecinos que cuestionaron al municipio argumentaron que aunque es en un nuevo lugar, se continúa arrojando residuos con la misma modalidad de “a cielo abierto” y que se comienza a usar otro sector, esta vez antes del ingreso a la localidad.El asesor técnico administrativo, Juan Manuel Miñones, también defendió la decisión diciendo: “las pruebas de que el basural estaba colapsado estaban a la vista, los mismos vecinos se quejaban de los incendios que ocurrían. Tenemos un proyecto real sobre el que se trabaja y estamos demorados por las trabas que los dueños de esas tierras expropiadas están poniendo para poder tener la titularidad de la tierra y de esa manera acelerar los plazos, por ahora no tenemos otra opción, sino lo que queda es seguir tirando dentro de la ciudad, con lo que eso significa”, explicó el funcionario.