El gobernador, Eduardo Brizuela del Moral, participará hoy a las 10 de la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la demanda judicial que inició la Provincia para reclamar que ANSES se responsabilice por el pago del 82% móvil de los jubilados que fueron transferidos en 1993.

La delegación catamarqueña contrasta con la del Estado Nacional, que resolvió enviar a personal técnico de rango gerencial. Brizuela del Moral estará acompañado por los ministros de Gobierno y Justicia, Javier Silva; de Educación, Mario Perna; y el secretario de Gabinete, Roberto Luque. La delegación se integra además con el fiscal de Estado, Simón Hernández, y legisladores nacionales, pero el único orador en la audiencia será el primer mandatario provincial.

Según la agencia de noticias DyN, la comitiva del Estado Nacional se integrará con el secretario de Seguridad Social, Walther Arrighi, y los gerentes de ANSES Germán Cervantes (Finanzas), Christian Mikkelsen Loth (Asuntos Interjurisdiccionales) y Dina Yapar (Asuntos Contenciosos).

En junio del año pasado, la Provincia presentó ante la Corte una acción declarativa de certeza y medida cautelar. La vía judicial se inició al agotarse las instancias de reclamos administrativos y por la tensa relación que el Gobierno provincial mantiene con la Casa Rosada a partir del distanciamiento político. La Provincia inició otras tres demandas más por la coparticipación de fondos federales.

En enero de 2007, el Estado provincial tomó la decisión de asumir el pago de la movilidad de los jubilados transferidos.

Para ello se basó en la cláusula séptima del convenio que establece que la Provincia "garantiza" a favor de los jubilados transferidos el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del mismo tal el caso del pago del 82% móvil. Y agrega: "En este supuesto, la Nación reintegrará a la Provincia las sumas que debió desembolsar para afrontar las obligaciones de la ANSES, dentro de un plazo no mayor a las 72 horas", indica el acuerdo aunque el organismo nacional desconoció la cláusula y cerró su posición en que los jubilados transferidos quedaron bajo el paragua legal de las leyes previsionales nacionales 24.241 y 24.463.

Por la acción declarativa de certeza "persigue que la Provincia haga cesar el estado de incertidumbre ocasionado con respecto al alcance y aplicación de las cláusulas primera, tercera, séptima y decimoséptima del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional". En su presentación, la Provincia pretende que la Corte de Justicia determine cuáles fueron las responsabilidades que asumió la Nación.

Por otra parte, la Provincia solicitó al máximo tribunal de Justicia que dicte una medida cautelar de no innovar y en consecuencia no se permita ninguna medida que implique la retención de fondos de recursos coparticipables hasta tanto la Corte se expida por sentencia definitiva. La presentación iniciada por Fiscalía de Estado enfatizó en la necesidad de evitar los perjuicios que provocaría en el fisco provincial.

Sobre este último planteo, la Corte dijo en su resolución que la medida cautelar solicitada será considerada una vez celebrada la audiencia. La urgencia de la Provincia es por la reiterada amenaza de ANSES de retener fondos de coparticipación con los que pagó la movilidad de los jubilados por retrasos de la Provincia en los depósitos.