Ayer pareció que la inacción de la feria de enero se había extendido hasta el primer día hábil judicial, al menos en lo que hace al juicio por crímenes del terrorismo estatal que se sustancia ante el Tribunal Oral Federal de Salta: estaba previsto que declararan al menos cuatro testigos, pero no apareció ni uno, por distintas razones; el 17 de diciembre (la última audiencia del año pasado) se había acordado que sería designado el abogado que reemplazará al defensor oficial Oscar Tomás del Campo en la asistencia al comisario Antonio Saravia, pero tampoco se nombró al defensor sustituto.
Este asunto fue el que más tiempo insumió en la cuarta audiencia de este debate, que comenzó el 2 de diciembre pasado y en el que se juzga a los ex militares Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz y a los ex policías Joaquín Guil, Néstor Liendro, Abel Guaymás y Saravia por crímenes cometidos en perjuicio de 18 personas.
Luego de que la secretaria de derechos humanos del TOF, Denise Blajean Bent, explicara las razones de la ausencia de testigos (unos por enfermos, otros por fallecidos, otros porque no fueron ubicados), el defensor oficial, que el año pasado se excusó de asistir a Saravia por incompatibilidad con la defensa de Gentil, informó que sería reemplazado por el defensor oficial Pablo Lauthier, pero no en lo inmediato porque antes el nuevo defensor quería ver “las actuaciones” para asegurarse de no estar en la misma situación que Del Campo, porque antes defendió a Gentil.
Del Campo dijo que tenía entendido que Lauthier había presentado un escrito con estas consideraciones. En efecto, lo hizo al mediodía de ayer mismo, informó la secretaria y lo leyó.
Ni bien terminó el fiscal Francisco Snopek, recordó que al designarse un nuevo defensor, corresponde una suspensión de la audiencia por tres días hábiles, que en este caso ya se superó ampliamente. Pidió que “no se dilate más el inicio de la audiencia por cuestiones personales de los defensores”, responsabilizó a la Defensoría General de la Nación por la no designación y solicitó al Tribunal que remita una nota a ese órgano para que “designe un defensor de la jurisdicción que sea”.
La secretaria Blajean Bent, informó que en diciembre la defensa de Saravia estuvo a cargo de Martín Bomba y que recién ayer se lo notificó a Lauthier. Del Campo intentó una defensa: “Estamos en el segundo día hábil”, argumentó, pero le retrucó el presidente del Tribunal, Federico Díaz: “Entiendo que había un compromiso, por lo menos de su parte, de que iba a estar resuelto esto”.
Entonces el querellante Martín Ávila, por las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia, adhirió al pedido del fiscal, que insistió con que los plazos están vencidos.
El Tribunal decidió oficiar a la Defensoría para que designe a un defensor en 24 horas. Ante la posibilidad de que se argumente que se violó el derecho de defensa de Saravia, el juez Marcelo Juárez Almaraz aclaró que hasta tanto eso ocurra, Del Campo seguirá en su defensa.
Al cierre de la audiencia, Díaz se sintió en la obligación de disculparse: “Lamentablemente, a veces parece que todo conspira para que no se puedan hacer las cosas”, se excusó.
El debate continuará hoy, jornada para la que se han citado tres testigos.
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