En las cuencas del río Diamante y del Atuel, el 88% de las industrias contamina: el 90% proviene de las bodegas, el otro 10% de conserveras. El dato surgió luego de un operativo coordinado de manera conjunta por la Dirección de Calidad del Agua y la Policía del Agua.
Un relevamiento realizado por la Policía del Agua -publicado por el diario San Rafael- arrojó que las industrias ubicadas a la vera del Diamante y del Atuel son las que mayor porcentaje de incumplimiento tienen en Mendoza. El promedio de la provincia es de 70%, mientras que en el sur esa cifra crece al 88%.
El Departamento General de Irrigación de Mendoza presentó un trabajo sobre las empresas que contaminan el agua de los ríos de la provincia y, llamativamente, los promedios en las cuencas del Diamante y el Atuel son los más altos de Mendoza: el 88% de las firmas están en infracción.
Durante este año, se realizaron inspecciones a 433 establecimientos productivos de Mendoza, de los cuales el 90% corresponde a bodegas y el 10% a industrias conserveras y aguas gasificadas, entre otros rubros. De esas empresas, 51 están en el sur, donde se detectó el grado de incumplimiento más alto de la provincia.
Las tareas del operativo se abocaron a identificar y cuantificar el grado de afectación del recurso, tanto el superficial como el subterráneo; relevar los establecimientos que conforman el Registro Único de Industrias a fin de actualizar el padrón correspondiente, y disponer de información para implementar medidas preventivas y correctivas que promuevan la aplicación de buenas prácticas.
El objetivo de esta iniciativa es promover el compromiso del sector agroindustrial con el cuidado del agua, generando espacios que favorezcan la toma de conciencia sobre su preservación, la inversión en nuevas tecnologías y la capacitación en mejores prácticas.
El muestreo, a nivel provincial, arroja que el 70% de los establecimientos está contaminando, mientras que la cifra aumenta un 18% cuando se relevan solo las industrias ubicadas a la vera del Diamante y del Atuel.
El operativo fue coordinado de manera conjunta por la Dirección de Calidad del Agua y la Policía del Agua. Ambas entidades conformaron equipos de trabajo multidisciplinarios que, diariamente, tanto en horario diurno como nocturno, realizaban inspecciones en los establecimientos a fin de constatar el impacto de la actividad desarrollada sobre el recurso hídrico.
En cada intervención, el personal técnico determinó sobre la base de las características del vuelco la posible existencia de contaminación, manifiesta o probable, y tomó las muestras pertinentes para su análisis. Los resultados serán informados por el Laboratorio de Análisis (Agua y Suelo, Tratamiento de Efluentes) de la Universidad Tecnológica Nacional, según los parámetros establecidos por la normativa vigente.
También se controló el cumplimiento de los convenios firmados oportunamente por algunas industrias, mediante los cuales se comprometían a desarrollar las obras que les permitieran acceder al permiso de vertido.
Por cuenca
El operativo se llevó a cabo en toda la provincia, con una amplia muestra de establecimientos productivos. En la cuenca del río Mendoza, el 57% de las empresas se encuentran fuera de norma, contra un 43% que cumple la ley. En tanto, en el río Tunuyán inferior, el contraste fue mayor: 78% y 22%, respectivamente. En la cuenca del Tunuyán superior, el resultado fue un poco más alentador, con un 48% que presenta irregularidades y un 52% dentro de los parámetros esperados.
Finalmente, en las cuencas de los ríos Diamante y Atuel se encontró la mayor contaminación, con el 88% de establecimientos fuera de norma y solo un 12% en condiciones correctas.
También fueron inspeccionados establecimientos de elaboración de espumantes, tarea que determinó que el 71% no cumple con la normativa de vertido de efluentes.
Las infracciones a la normativa vigente sobre la disposición de efluentes serán penadas con sanciones que van de los 20.000 a los 150.000 pesos. Además, existen apercibimientos, multas (de entre 100 y un millón de pesos), y la clausura preventiva o definitiva del punto o puntos de vertido.
En todos los casos, se evalúa la gravedad de los hechos, la existencia de negligencia o dolo y el carácter de reincidencia, entre otros.
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