La provincia de Mendoza, aprovechando el hueco que le dejó el Gobierno de La Pampa, metió una cuña entre las dos demandas, la oficial y la del abogado Miguel Palazzani: ahora pidió que se unifiquen o que se desestime la del particular. Dice que como el Estado no apoyó la demanda de Palazzani, tiene que desestimarse.

En los diarios mendocinos trascendieron los argumentos del fiscal de Estado mendocino, Javier Fenández. Aunque se conocía la estrategia para desestimar la presentación de Palazzani -quien presentó ante la Corte Suprema en el año 2012 una demanda por daño ambiental- ahora que hay un juicio del Estado pampeano.

El diario de San Rafael señala que “el fiscal de Estado de la provincia de Mendoza, el doctor Javier Fernández, presentó un escrito en el que pide que la Corte Suprema de la Nación desestime el reclamo del abogado Miguel Palazzani sobre el Río Atuel. El documento considera que la demanda debe ir en paralelo con la que forjó la provincia de La Pampa, ya que si no carece de validez”.

“El fiscal subrogante ha pedido que se desestime el reclamo de Palazzani por no vivir en las provincias en conflicto (actualmente está radicado en Bahía Blanca) y porque la provincia de La Pampa no lo apoya”, afirma.

Hay que remarcar que la vecina provincia decidió desligarse tiempo atrás de la demanda de Palazzani, en un pedido que hizo a la Corte y decidió iniciar otro camino paralelo. Ahora el pedido mendocino radica en que se unifiquen ambos casos, o que la Corte desestime el reclamo del particular, ya que es incongruente que ambas avancen por separado.

Hace unas semanas, Mendoza respondió a esta demanda y luego lo hizo La Pampa.

“Esta situación ha generado bastante controversia en la vecina provincia, ya que se han cruzado varias acusaciones y planteos, especialmente de ambientalistas contra el Estado, en torno a su estrategia de defensa”, dice el diario mendocino.

Palazzani inició en el año 2012 una demanda contra Mendoza por el daño ambiental provocado en el territorio pampeano por el Corte del Atuel. Y por el incumplimiento del acuerdo firmado en el año 2008 entre los gobernadores Oscar Jorge y Celso Jaque (exmandatario mendocino).

La causa fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia.

Después de varios años de negociación con jaque y con su sucesor, Franciso “Paco” Pérez, el gobernador Oscar Jorge decidió un cambio de estrategia. Resolvió realizar un juicio. Por eso contrató un estudio con nombre a nivel nacional, el estudio del abogado Gregorio Badeni.

Cuando se conoció la intención de realizar un juicio, Palazzani y el abogado patrocinante de la demanda, Andrés Gil Domínguez advirtieron que lo mejor para las pretensiones pampeanas era que el Estado pampeano apoyara la demanda del abogado santarroseño. Pero el Gobierno provincial siguió con su estrategia.

Ahora Mendoza quiere aportar a Palazzani: le pidió a la Corte Suprema que como particular no puede hacer una demanda cuando el Estado presentó una.

El abogado Andrés Gil Domínguez denunció que había un acuerdo entre La Pampa y Mendoza para apartar a Palazzani. La Asamblea Provincial de Defensa de los Ríos respaldó al abogado santarroseño. Ahora se conocieron los argumentos del fiscal de Estado Javier Fernández para ese pedido: uno es burdo, ocmo la radicación de Palazzani en Bahía Blanca y el otro utiliza esa decisión del gobierno de Jorge de iniciar una ruta judicial desconociendo la presentación previa en la Corte Suprema.