Una de cal...

La Procuración General de la Nación dictaminó, tal como se esperaba, que la Corte Suprema de Justicia debe ocuparse de la cuestión que la Provincia de La Pampa planteó en una demanda contra la Provincia de Mendoza a raíz del corte del río Atuel.

La definición del organismo estaba, en realidad, cantada, pero es un trámite más que tiende a que la cabeza del Poder Judicial nacional se ocupe de una vez de la remanida cuestión, con la idea de que el cauce de ese río interprovincial vuelva a correr y que además se sancione el daño ambiental que causó y aún causa la prolongada mezquindad de la provincia cuyana.

En ese marco, la estrategia mendocina apunta también a quitar de la cancha los planteos que realizó Miguel Palazzani, quien como ciudadano común fue el que primereó en la Corte y el que logró la atención del máximo organismo judicial: la actitud mendocina también se caía de madura, puesto que el avance de ese expediente se contrapone a sus intereses.

En ese sentido, y ya se ha escrito en este espacio, siempre resultó entre -por lo menos- curioso el proceder de la Provincia de La Pampa, que en lugar de tomar el posicionamiento de Palazzani como el de un aliado que reclama por los mismos intereses, prefirió a veces ningunear ese planteo y en otras ocasiones incluso rebatirlo o considerarlo de menor valor.

Será, finalmente, el máximo organismo judicial el que determine el camino a seguir, aunque hay serias probabilidades de que las presentaciones se unifiquen, puesto que tratan una misma cuestión y ha sido una tradición de este Tribunal considerar con alto respeto las demandas de ciudadanos comunes, sobre todo respecto de cuestiones ambientales.

El abogado patrocinante de Palazzani, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, alertó en ese escenario que hay una suerte de “pacto oscuro” entre las provincias de Mendoza y de La Pampa para sacar del juego la demanda inicial, con el objetivo de quitar del caso la participación de la ciudadanía común, o la mirada de la sociedad civil sobre un trámite más transparente.

Según esa teoría, que no es desopilante ni ha sido desmentida por personalidades del oficialismo, se trata de que, finalmente, la problemática siga siendo manejada de acuerdo a los vaivenes de la política, permitiendo que se mezclen intereses coyunturales y partidarios.

No es ningún secreto que en ese terreno La Pampa ha sido reiteradamente derrotada, y nada indica que la tendencia vaya a modificarse, sobre todo por la concientización dirigencial y de la propia sociedad mendocina respecto de la defensa de los ríos.

Por otra parte, dos altos dirigentes del radicalismo mendocino son precandidatos presidenciales, y aunque no lleguen a ocupar ese cargo está claro que tienen y seguirán teniendo importante peso en la toma de decisiones nacionales y un fuerte poder de lobby.

De ahí que, independientemente de cuál sea el destino de los expedientes, sea oportuna la advertencia de Gil Domínguez, fundamentalmente a las organizaciones no gubernamentales que son “amicus curiae”, para que estén atentas a las maniobras que de ahora en más habrá en torno a esa causa que decidirá una porción del destino del desarrollo regional pampeano.

...y una de arena

“Si pusiste la paritaria, bancátela”, soltó, con lenguaje tribunero, durante la semana que se fue el exgobernador Rubén Marín, quien en la misma charla se quejó de que el gobernador Oscar Mario Jorge no le atiende el teléfono pese a que él es el presidente del PJ pampeano.

En rigor, el planteo de Marín no es nada novedoso: es posible que en cualquier otro lugar resultaría inconcebible que el mismo gobierno que gestó un modo de resolver los conflictos laborales y generó un espacio democrático para negociar salarios y condiciones de trabajo se niegue a convocar a los representantes gremiales.

También es verdad que eso, que parece un mero trámite burocrático, es, en realidad, el resultado de toda una serie de procesos políticos, en los que intervienen -diría Ortega y Gaset- el hombre y sus circunstancias.

Es probable que el gobernador nunca haya deseado, en el fondo, la existencia de las paritarias, pero la realidad política, el contexto nacional, la presión social y la evidencia de determinados avances condujeron a la necesidad de que se impusiera esa herramienta, antes negada.

Al día de hoy, enojado por los cuestionamientos de la Intersindical, el Gobierno prefiere atender la que parece su esencia, que es cerrarse sobre sí mismo, en lugar de respetar lo que los tiempos aconsejaron como más saludable para la relación entre las partes.

A esta altura, ni siquiera los principales referentes de la Intersindical dedican sus mayores energías a cuestionar el porcentaje del aumento salarial (la oferta oficial quedó estancada en el 28%), sino que quieren, principalmente, recuperar el ámbito en el que corresponde tratar tanto esa cuestión como otras varias que hacen a la realidad laboral de los trabajadores del Estado.

Si el oficialismo apuesta a su perseverancia en el No, más parecida a la obcecación que a otra cosa, se perderá la chance de hacer un intento para que empiecen a cicatrizar las heridas que van quedando, en un año previo a elecciones en todos los niveles y jurisdicciones.

Lo que no puede dejar de decirse respecto de las declaraciones de Marín es que lo pintan de cuerpo entero y describen, de algún modo, su trayectoria política: la chicana a quien hoy ocupa el lugar que él sostuvo durante 16 años parece casi una jactancia de los tiempos lejanos, pero no por eso olvidados, en que se congelaron los salarios y se dieron por caídos todos los convenios que aún no fueron restituidos.

Después de numerosos esfuerzos por negarse como el gran menemizador pampeano, Marín termina patentizando de ese modo su pertenencia gustosa a la época neoliberal, en que nuestra provincia sufrió, como el resto del país, las patéticas consecuencias de las relaciones carnales, el libre mercado y las falacias del “efecto derrame”: desocupación récord, pobreza y miseria récord, recortes en la Salud y la Educación públicas, impunidad para los delincuentes de lesa humanidad y de guante blanco.

Algunas de esas miserias siguen vigentes, otras se han revertido de modo muy parcial y otras de manera clarísima: en cuanto a la situación laboral de los estatales, que en los ‘90 mendigaban y aplaudían las sumas fijas que les daban para las fiestas, uno de los innegables avances es la negociación paritaria, con lo cual más extraño resulta que el actual gobernador las ningunee en lugar de ponerlas en vigencia para diferenciarse de su antiguo antecesor, si es que le interesa.