El diario Los Andes publicó detalles de la posición de Mendoza, una nota firmada por Cinthia Olivera.

“El conflicto entre Mendoza y La Pampa por el Río Atuel avanza dentro de los pasos judiciales ya iniciados. Y es que si bien hay dos juicios en puerta contra la provincia, el más desarrollado es el que un particular pampeano inició contra Mendoza en el 2010. Es por eso que el fiscal de Estado Javier Fernández, con la respuesta en mano, viajará a Buenos Aires con la intención de que la Corte Suprema de Justicia desestime el pedido, argumentando que “la demanda no incorpora nada nuevo a lo planteado en el fallo de 1987”, afirma el diario mendocino.

“Este es el principal argumento, al que le sumarán las explicaciones de las obras hídricas para el aprovechamiento del cauce, gestión que defienden desde el Ejecutivo, el problema del retroceso de los glaciares y la existencia de un acueducto que suministra agua de un surgente hacia La Pampa. Con estos puntos en el escrito, en Fiscalía se guardan la “munición pesada” para el otro juicio que le espera a la Provincia con el mismo estado pampeano. Esta provincia realizó a principios de año una presentación pero todavía no hay ninguna notificación por parte de la Corte nacional”, añade.

Las dos demandas responden al pedido histórico que La Pampa hace a Mendoza por la distribución de aguas del Río Atuel. En la provincia vecina dicen no recibir ni una gota del caudal, a lo que desde este lado contestan que no se llega a aprovechar el mínimo establecido en el fallo del ‘87, en donde se dice que Mendoza debe aprovechar primero a regar sobre 75.561 hectáreas para luego pasar agua. “Hoy estamos en las 55 mil”, dijo Fernández.

Pero al fallo se le suma un convenio que tuvo bastante polémica y que finalmente fue “bochado” en la Legislatura. Se trata del acuerdo que firmó en 2008 el entonces gobernador Celso Jaque, que dispuso que Mendoza debía darle a La Pampa 4 metros cúbicos de agua. Si bien el texto quedó en la nada y sin valor en la provincia, se trata del último antecedente que le da letra a las demandas planteadas desde La Pampa.

“En base a este incumplimiento, el abogado pampeano Miguel Palazzani logró, en calidad de particular, que la Corte inicie un proceso ordinario contra Mendoza”, explica Los Andes.

“Con este apremio legal por delante, en estos días estará viajando el fiscal de Estado estará junto al asesor de Gobierno, César Mosso Giannini (en representación del Ejecutivo) con respuesta en mano. La misión será llevar un escrito elaborado por especialistas en el tema agua y ambiente, con las firmas de Líber Martín, Edgardo Díaz Araujo, Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino Arias, además del consenso del Colegio de Abogados”, precisa.

“Nuestro documento tiene solvencia técnica”, valoró Fernández y adelantó que también se trabaja en la conformación de un comité ejecutivo que “mantenga el tema como una política de Estado”. Esto último tiene que ver con el plato fuerte que deberá afrontar la provincia cuando sea notificada del juicio iniciado por La Pampa.

Y es que dentro de lo estratégico, están quienes suponen que la jugada de La Pampa consiste en disparar la judicialización del caso con una demanda menor, en donde la provincia muestre todas sus cartas, para luego -conociendo la defensa- dar lugar al juicio mayor con el mismo estado provincial pampeano.

Es por eso que, atentos a no hacer anticipar la jugada, en el Gobierno guardan los argumentos más fuertes en virtud de lo que se viene trabajando con distintas universidades y el mismo Ianigla. “Hay estudios científicos que incluyen hasta explicaciones arqueológicas sobre el tema”, adelantó Fernández. En este sentido, aseguran que la demora en la notificación del juicio beneficia a Mendoza para avanzar en la elaboración de la estrategia, ya que no se corre aún con plazos.

La defensa

En cuanto al documento que llevarán ante la Corte Suprema de Justicia, hay algunos puntos que ordenan la defensa ante la acusación de Palazzani. “Ponemos en consideración la cuestión climática con el retroceso de los glaciares, de lo que no somos responsables”, puso a la cabeza Fernández dentro de la enumeración de argumentos.

En segundo lugar, se insistirá en que “la provincia ha realizado el 100 por ciento de las obras hídricas correspondientes”, tal como exige saber la Corte en cuanto a lo realizado desde que se celebró el convenio. A su vez, se justificará que, en el principio de colaboración interprovincial, Mendoza suministra agua de un surgente por medio de un acueducto. “Hay que entender que en esto no hay emergencia humana”, defendió el fiscal. “Por último, se desestimará a Palazzani como sujeto demandante a un estado provincial”, dice Los Andes.