Con una reunión “informativa” en la que el fiscal de Estado subrogante, Javier Fernández, explicará la situación judicial, hoy Mendoza comienza a definir su estrategia para defenderse de los embates de La Pampa en reclamo por el riego de las aguas del río Atuel y que tiene la novedad (aún no notificada oficialmente) de la aceptación de la Corte Suprema de la Nación, para tratarlos.

Será a las 10.30 en el anexo de la Cámara de Diputados, en una “jornada de actualización de la problemática judicial de las aguas del Río Atuel”, a la que, además de Fernández, asistirán las organizaciones integrantes del Comité de Contingencia y Defensa del Río Atuel, que preside el propio fiscal.

Pero si bien está considerado como un encuentro “para conocer la situación”, como explicó la diputada justicialista Silvia Ramos, que convocó al encuentro, todos coinciden en que con esta jornada “comenzará a delinearse la nueva estrategia defensiva” de Mendoza, la cual se espera, sea más agresiva.

No hay quien niegue que la aceptación de la Corte de tratar la demanda pampeana “perjudica a Mendoza”, dado que con esa decisión, el tribunal “acepta que hay un derecho vulnerado”, algo que no cabe en la concepción mendocina.

Sobre todo si se tiene en cuenta que los reclamos pampeanos son recurrentes. “Esta es la cuarta demanda de La Pampa que contestamos y todas tienen que ver con que les llegue más agua desde Mendoza”, indicó Fernández.

El fiscal se mostró satisfecho con la reunión de hoy “porque ayudará a que los mendocinos conozcan la situación” dado que “hasta ahora sólo ha sido tema de abogados” y salvo los reclamos de los regantes de General Alvear, el asunto no ha ha trascendido. 

Entre otras cosas, La Pampa culpa a Mendoza del daño “en el desarrollo social y económico del noroeste” de esa provincia por la falta de irrigación del Atuel.

Uno de los fundamentos parte del convenio que en 2008 el ex gobernador Celso Jaque firmó con su par pampeano Oscar Jorge, acordando “criterios y acciones comunes” para “viabilizar el aprovechamiento, por partes iguales, de la mayor disponibilidad de agua que resultará de la realización de acciones en el río Atuel”. Ese convenio nunca fue ratificado por Mendoza, e incluso en abril pasado, la Legislatura lo votó en contra.

El reclamo de La Pampa también apunta la Nación por su responsabilidad en la administración del complejo Los Nihuiles, construido hace más de 60 años, exigiéndole una “reparación por los daños causados”.

“La idea es conocer en detalle todos estos puntos para ver qué decisión tomamos”, recalcó la diputada Ramos sobre la reunión de hoy.

A defender el río “provincial”

Hasta ahora la defensa de Mendoza se ha argumentado en que los reclamos pampeanos son “cosa juzgada” dada una resolución de la propia Corte nacional en 1987.

En esa época, los jueces definieron la “interprovincialidad” del río Atuel, a pesar de que el río está sólo en Mendoza. Ese es el nuevo argumento que algunos esgrimen, como el Partido Demócrata (PD), que propone una ley que declare “el carácter provincial del río” y que cree una comisión que diseñe un plan estratégico basado en fundamentos científicos y jurídicos, más que políticos.

En tal sentido, plantea la existencia del “límite frontal”, donde las riberas laterales (definidas en el Código Civil), marcan el final del río, algo que se da en territorio mendocino. “La declaración de provincialidad no podría ser cuestionada por el fallo de 1987, porque esa sentencia se dictó cuando el río tenía 32 m3/seg de caudal. Actualmente no supera los 17 m3/seg”, explicó el presidente del PD Richard Battagion, añadiendo que “el calentamiento global contribuyó a que sea cada vez menos lo que el río riegue”.

Este es el fundamento de los regantes de General Alvear, sobre todo en una época de fuerte emergencia hídrica como la actual.

Es cierto que se necesita una ley nacional para cambiar la “provincialidad” del Atuel, pero nadie duda de que el río es íntegramente mendocino.

“Termina en Mendoza, sólo en años extraordinarios ha pasado a La Pampa”, dijo el diputado radical alvearense Gustavo Villegas, apoyando la idea.

“El río pierde el cauce y el flujo natural en Mendoza”, dijo por su lado Fernández, agregando que “hay que buscar la forma de demostrar que aquel fallo (de 1987) nos perjudicó.

También se hablará de las regalías hidroeléctricas

El fiscal Fernández confirmó que otro tema que informará en la jornada de hoy, será la situación de las regalías hidroeléctricas del complejo

Los Nihuiles, ya que es posible que surja una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, que favorezca a Mendoza, otorgándole el 100% de esas regalías que hasta el momento comparte en un 50% con La Pampa, a raíz de un decreto de 1973 (1.560) que cuestionado por los mendocinos.

El radicalismo advirtió la semana pasada de esa posibilidad y quiere que el Gobierno provincial reclame a la Nación el cobro de lo que no percibió en todos estos años, unos $1.000 millones.

“Esas regalías están mal pagadas por la Nación. A La Pampa no le corresponde nada, porque la pendiente de producción es íntegramente mendocina”, destacó el fiscal de Estado.