Desde la Asamblea de los Ríos calificaron la posibilidad de dar a conocer su posición como “excelente”. En tanto que la Asociación Alihuén coincidió con el planteo de los legisladores provinciales, en el sentido de que la demanda debe hacerse también en contra de Nación.

Tal como informó El Diario, este viernes se concretó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno el segundo capítulo de ese trámite que precede a la formalización del juicio. Los abogados escucharon a la Secretaría de Recursos Hídricos, a los diputados, a la Asociación Alihuén y a la Asamblea por los Ríos, tal como antes habían hecho con la Fundación Chadileuvú y los representantes de la Universidad Nacional de La Pampa.

Tras el encuentro, Silvia Viglianco (Asamblea) dijo que “el martes en la reunión de la asamblea ampliaremos con detalles, pero por ahora les digo que fue excelente. Felices de esta nueva instancia lograda desde la asamblea de Santa Isabel. Gracias a todos por la lucha y el compromiso”, planteó.

“Muy positiva”

Al finalizar el encuentro, el gobernador calificó la reunión como “muy positiva” y al hacer referencia al reclamo de la provincia expresó: “acá se está jugando con la vida de la gente, eso es lo más importante, tenemos que tomar conciencia todos los pampeanos, necesitamos el agua porque el agua es vida y es la vida de la gente”.

Jorge remarcó la importancia de las entidades que participan de las reuniones, muchas de las cuales hace muchos años que están trabajando en el tema y que aportarán datos históricos muy importantes en la causa.

“Los pampeanos tenemos que estar todos juntos, empujando por los derechos y revertir el brutal corte de un río, que es cortar la vida de la gente”, expresó el mandatario.

“El río cambia el clima, nutre las napas, es vida y evidentemente no se tiene derecho a cambiar lo que Dios ha dispuesto, más allá de los aspectos legales, un río no puede ser cortado y menos en un país. Acá no es cuestión si Mendoza o La Pampa, es el país que tiene que tomar una decisión con respecto a estos temas que se han dado en el pasado por determinadas circunstancias, yo creo que lo que está pidiendo la provincia de La Pampa no es descabellado sino que tiene absoluta razón de estar pidiendo una parte del agua a Mendoza”, afirmó el gobernador.

La provincia, “reclama agua, como base fundamental, para que se continúe desarrollando el oeste y es un reclamo de todos los pampeanos”, culminó el jefe del Ejecutivo.

Apunten a Nación

Leandro Altolaguirre, referente de la Asociación Alihuén, coincidió en que la demanda debería alcanzar al Estado nacional. Es la misma postura que -como informó ayer El Diario- tienen los diputados provinciales de la Comisión de Ríos.

“Lo que nos quedó claro es que ya se tomó la decisión de hacer el juicio pero no la forma de encarar el juicio. Nosotros lo que hicimos en particular fue manifestar nuestra preocupación por la degradación ambiental que se viene produciendo a lo largo del tiempo en el sudoeste provincial, la importancia por reeestablecer los bañados del Atuel, hemos conseguido declaraciones de organismos internacionales del Congreso de la Nación, los distintos perjuicios que han sufridos los pobladores a lo largo de la cuenca del Atuel, la fortaleza y debilidades que tiene para hacer una demanda ambiental”, enumeró el exconcejal por el Frente Pampeano.

E insistió en que “para nosotros la demanda ambiental también debería incluir al Gobierno Nacional en base de lo que fija el artículo 41 de la Constitución nacional y las leyes reglamentarias que son de presupuesto mínimo que dice que los recursos naturales pertenecen a las provincias, pero cuando hay recursos que se comparten entre provincia también el Estado Nacional forma parte de las decisiones”.

La Nación “debería haber sido nuestra guardiana tras la construcción del dique El Nihuil”, dijo el legislador vernista Juan Pablo Morisoli.

En ese sentido, el gobierno provincial todavía esconde algunas cartas. El gobernador explica que se intenta no revelar estrategias. “Muchas veces nos dicen cuál va a ser la estrategia, si vamos contra la Provincia, contra la Nación... ya se verán las conveniencias políticas y legales para tener un buen resultado. Vamos trabajando fuerte, paso a paso”, describió.

El gobernador cree que con el estudio Badeni “estamos en las mejores manos”. El papel del estudio en la demanda parece ser vital, tanto que -según dijo el gobernador- serán en realidad los abogados los que propongan la estrategia “legal y política”.

En su momento, el abogado Andrés Gil Domínguez reveló el desinterés del Gobierno Provincial por consultar sobre aspectos de una demanda que ya avanzó en la Corte Suprema de Justicia.

Esa presentación, hecha por Gil Domínguez y el abogado Miguel Palazzani, pone bajo la lupa el daño ambiental que provocó la provincia de Mendoza a La Pampa con el corte del río Atuel. Pero aunque ese expediente avanzó en el máximo organismo judicial -que incluso le pidió al Gobierno Nacional un posicionamiento- el Gobierno pampeano nunca se interesó en el tema.