Afirma que “no resulta legal ocultar la cuantificación de los daños ambientales estimados por el estudio de auditoría practicado por la Universidad Nacional de La Pampa, de donde se sigue que la aludida reserva por motivos de ‘confidencialidad‘ vulnera el elemental principio republicano del libre acceso a los actos de gobierno”.

La problemática del Atuel volvió a la agenda política por una movilización realizada por los pueblos originarios y organizaciones sociales el pasado 25 de febrero. Hubo corte de las rutas en el límite con Mendoza.

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Recordó que en el año 2009 presentó un proyecto solicitando ‘al Poder Ejecutivo Provincial, que instruya al Fiscal de Estado de la Provincia a efectos de que promueva una acción de amparo y las demás acciones judiciales que estime corresponder, a fin de evitar el corte del río Salado-Chadileuvú previo a su ingreso en territorio pampeano‘.

Considera que si el Gobierno de La Pampa pretende, por primera vez, avanzar en serio y con firmeza en defensa de nuestros ríos, no puede desconocer que los caminos a transitar son los siguientes:

* Exigir ante el Gobierno Nacional el cumplimiento del Acuerdo Marco suscripto en 2008 entre las Provincias de La Pampa y Mendoza, y el Estado Nacional, Convenio que se encuentra en vigencia desde el momento de su suscripción, obligando al Gobierno mendocino a garantizar un mínimo de escorrentía permanente en el límite interprovincial (Cláusula X, inciso ‘k‘).

* Exigir en ámbitos del Comité Hídrico Federal (COHIFE), Comité Federal del Medio Ambiente (COFEMA), Defensoría del Pueblo de la Nación y Sub-Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación el cumplimiento del artículo 6° de la Ley Nacional n° 25.688 de ‘Régimen de Gestión Ambiental de Aguas‘ que establece que para utilizar las aguas ‘en el caso de cuencas interjurisdiccionales, cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo‘, es vinculante la aprobación de dicha utilización por el Comité de Cuenca correspondiente.

* Exigir el cumplimiento de la Ley Nacional n° 25.675 de ‘Política Ambiental‘ que rige en todo el territorio del país estableciendo que la ‘Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar‘, obligando a atender en forma prioritaria las causas y fuentes de los problemas ambientales (art. 4°), y a promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras (art. 2°).

“La interprovincialidad del río Atuel, dato histórico, geográfico e hidrológico recogido por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1987 y plasmado en sucesivos Tratados Interprovinciales, no se traduce desde hace décadas en una utilización racional y equitativa del recurso por parte de la provincia de Mendoza”, afirma el legislador.