Por los desmanejos del intendente de Pichanal, Julio Jalit, en la Contaduría General de la Provincia sigue en lista de espera un tendal de embargos dispuestos por la Justicia sobre la coparticipación de ese municipio.

A fines de 2013, según oficios y expedientes a los que accedió El Tribuno, los pedidos de ejecución llegaban a $7 millones.

Los embargos provienen de fallos en causas por daños y perjuicios, reparación ambiental, intereses por incumplimiento de sentencias y por honorarios de profesionales.

Varios de los demandantes, pese a que lograron resoluciones favorables desde 2005, siguen sin cobrar los montos que ordenó la Justicia ya que los descuentos sobre la coparticipación son graduales e ínfimos.

La intromisión de Jalit sobre un terreno privado al que sin autorización convirtió en el basural de esa localidad es un caso testigo de cómo sus atropellos terminan siendo pagados con fondos de los pichanalenses e incluso de todos los salteños.

Tras la demanda de la familia Leal, dueña de ese predio de 60 hectáreas, la Justicia resolvió en 2005 que se restituyera la propiedad, se dejaran de verter residuos urbanos y que el municipio afrontara el costo del saneamiento ambiental.

Por el sistemático incumplimiento, según consta en expedientes, se dispuso el pago de astreintes superiores a $2 millones.

Hasta fines del año pasado, solo se había descontado una cuarta parte de esa sanción económica.

En la causa judicial por el avance de Jalit sobre los lotes de la familia Leal intervinieron tres peritos de Corte. Sus honorarios, por casi $400.000, aún no fueron liquidados. El monto también será deducido de la coparticipación municipal. De ese modo, el intendente jamás responde con su patrimonio por sus atropellos. Para frenar la bola de nieve por los reveses judiciales y embargos, Jalit convenció al gobernador Juan Manuel Urtubey de expropiar esas 60 hectáreas. A las semanas, su pedido se encaminó.

A fines de 2013, el Ejecutivo provincial envió el proyecto de ley a la Cámara de Diputados.

Para el predio, además del vertedero, se proyectó la construcción de una planta depuradora de líquidos cloacales, un matadero de ganado menor y la ampliación del cementerio municipal. Entre todas esas obras se planificó la edificación de viviendas sociales para grupos aborígenes.

Ante la demora del Senado para sancionar ley, según fuentes de Pichanal, Jalit alentó a familias de distintas comunidades a asentarse en la propiedad. Y hasta, con incidentes de por medio, evitó una orden judicial de desalojo en agosto pasado.

Finalmente los senadores autorizaron la expropiación pero aún no se sabe cuánto tendrán que pagar los salteños por esa maniobra.

Entre los expedientes que ya ingresaron a la Contaduría General de la Provincia hay oficios de embargo por honorarios de profesionales originados en esta y otras causas por casi $3,5 millones.

De los fondos que le corresponden a Pichanal, uno de los municipios más pobres de Salta, también esperan ser descontados más $100.000 por otros expedientes por daños y perjuicios.

La semana pasada, el equipo de investigación de El Tribuno publicó informes sobre el desmesurado enriquecimiento de Jalit y sus negocios con tierras propias y de otras empresas en la zona del camino a Padre Lozano, a la vera de la ruta 53, y en La Estrella, en los campos ubicados entre las ruta 13 y 5.

Los concejales insisten en que el jefe comunal pasa más tiempo abocado a sus negocios que a la Intendencia. En el norte aún se preguntan, entre otras cosas, por qué no se terminó la obra de la pileta de natación municipal. En el primer legajo técnico, de 2007, se preveían partidas por $ 357.362. Los trabajos fueron abandonados durante años, aunque, en medio de las críticas de esta semana, la obra se retomó. Sin embargo, Jalit sigue sin explicar qué pasó con los fondos y de dónde saldrán los recursos para terminar la pileta, que ahora demandará al menos $1.000.000.