En Salta se atienden cada año cerca de 150 mil casos de enfermedades relacionadas con el agua y el deficiente saneamiento. Así lo indican los anuarios que publica la Dirección de Estadísticas de la Provincia, en base a las patologías de notificación obligatoria reportadas por hospitales y centros de salud.

Carlos Quevedo, el usuario que demandó a Aguas del Norte (Cosaysa), el Ente Regulador de los Servicios Públicos y otros organismos provinciales por la contaminación de ríos con efluentes cloacales, pidió a la Justicia que requiera urgentes informes sobre este tipo de afecciones que se consideran estrechamente ligadas a serios incumplimientos prestacionales en un servicio que pagan, mes a mes, miles de usuarios salteños.

El requerimiento de pruebas fue presentado ayer al juez Civil y Comercial de tercera nominación, Luis Gutiérrez, quien entiende en la acción de amparo colectivo que interpuso Quevedo, con el patrocinio del abogado Humberto Vázquez, el año pasado.

En la nueva presentación agregada al expediente judicial 326416/10, el demandante expuso su preocupación ante el significativo número de casos de enfermedades de transmisión hídrica que salta a relucir en los anuarios estadísticos de la Provincia de 2006 a 2009. El de 2010 -con avance a 2011- todavía no fue publicado, por lo que Quevedo solicitó al juez Gutiérrez que ordene al Ministerio de Salud Pública, la Coordinación de Gestión Epidemiológica y el Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Provincia una inmediata remisión de los informes internos elevados por hospitales y centros de salud en relación con los casos de enfermedades de transmisión hídrica atendidos hasta junio de 2011 en distintos puntos de la provincia.

Quevedo, al igual que el ingeniero ambiental Luis Caro, otro amparista que tiene encaminada hoy su demanda hacia la Corte Suprema por un conflicto de competencias, denunciaron un deficiente a nulo funcionamiento de las plantas depuradoras en más de 25 localidades concesionadas a Aguas del Norte.

En ambos casos, se adjudica una directa responsabilidad en la contaminación de diferentes ríos y embalses, la degradación del ambiente y daños en la salud a la compañía estatal de agua y saneamiento (Cosaysa), el organismo responsable de controlar sus prestaciones (Ente Regulador de los Servicios Públicos) y otras autoridades de aplicación en materia de protección ambiental, auditoría y fiscalización. En la primera línea de las imputaciones por mal desempeño formuladas en una demanda penal conexa, aparecen el director de Cosaysa, Esteban Isasmendi, y el presidente del Ente Regulador, Armando Isasmendi, emparentado con el titular de Aguas del Norte.

En lo sustancial, los amparos que aguardan pronunciamientos de la Justicia plantean que muchos de los 150 mil casos atendidos cada año por enfermedades de transmisión hídrica podrían evitarse si los efluentes cloacales fueran tratados en forma correcta donde se cuenta con redes cloacales y plantas depuradoras y se dispusieran, sin más dilaciones, obras prioritarias que figuran presupuestadas en el plan maestro del Ente Regulador desde 2009, pero que aún no fueron ejecutadas en la capital y el interior de la provincia.