La Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca -días después de su primer encuentro con el nuevo ministro de Educación- cuestionó la agenda de política educativa que comenzó a aplicar Mario Perna, al considerar que ésta se traducirá en un ajuste que retrotrae a los 90 y que afectará al sistema educativo en vez de hacerlo más eficiente.

En un documento firmado por la secretaria general, Francisca Dumeni, y el secretario adjunto, Carlos González, manifestó: "El gobierno provincial encarnado en Eduardo Brizuela del Moral, recurre a las clásicas, viejas y fracasadas políticas de los tecnócratas del ajuste neoliberal, reivindicadas por el actual ministro de Educación, a través de sus cuarenta y un puntos en los que detalla cómo sería el ajuste en el sector docente, como ser mediante la reducción salarial".

Advirtió que con la rezonificación de escuelas "los docentes del interior y la totalidad de los del polimodal y terciario perderían entre un 18 y 35% del salario de bolsillo". Y que se quiere "cambiar la legislación docente para aplicar nuevas incompatibilidades, implementar una suerte de presentismo, reducir las licencias docentes, aplicar algunos artículos de la Ley N° 4843 -que es la que se dictó de acuerdo con la famosa y desastrosa Ley Federal de Educación que ya ha sido derogada en el ámbito nacional-". "Estos ajustes se hacen con el argumento de mejorar la calidad educativa", sentenció.

Al anticipar un posible conflicto recordando que "ya discutimos estos intentos de ajuste, desde 1998 hasta 2003, y con nuestras luchas hicimos retroceder en su aplicación a los gobiernos de Arnoldo Castillo-Varela Dalla Lasta y Oscar Castillo-Raúl Giné", afirmó que "para discutir nuestras condiciones de trabajo se debe dictar una normativa base establecida por ley, ya que la proliferación normativa es tan grande que genera un desorden en lo administrativo como en lo pedagógico".

En lugar de lo planteado por el ministro, dijo que "hay que avanzar en un conjunto de políticas que tienen que ver con generar mejores condiciones y medio ambiente de trabajo, medidas preventivas de la salud laboral, exámenes pre ocupacionales y periódicos, prevención de los riesgos de trabajo, respeto de las normas de higiene y seguridad en los establecimientos escolares, auditorías y otros dispositivos administrativos que acoten posibles abusos sin lesionar los derechos establecidos en el régimen de licencias, ni afectar el salario, a menos que se trate de inasistencias injustificadas debidamente comprobadas".

En definitiva, propuso como políticas "mejorar la formación de base, garantizar la formación en servicio, liberar a supervisores y directivos de tareas burocráticas para que puedan ejercer su función de asesores pedagógicos, crear más y nuevos puestos de trabajo que acompañen la tarea áulica, garantizar las condiciones edilicias y de infraestructura, prevención de la salud laboral, estimular los espacios de producción colectiva e inter-transdiciplinaria, auspiciar y crear las condiciones para el relacionamiento de la escuela con todas las organizaciones del barrio, políticas socioeducativas que garanticen la igualdad para los estudiantes, universalizar las acciones del tipo plan de mejoras que siguen siendo focalizadas, y que todas las escuelas tengan bibliotecas y bibliotecarios, computadoras y profesores de informática, de arte y de educación física".