En la jornada de ayer asumieron las nuevas autoridades electas en el Colegio de Abogados de Tucumán (CAT) con Francisco García Posse como flamante presidente de la institución y dispuesto a seguir el rumbo de gestión que se instauró desde hace décadas, lo que mereció continuamente revalidar la conducción de los letrados por parte del oficialismo histórico.
Su alocución fue seguida atentamente por el consejo directivo saliente, encabezado por el ahora ex presidente del CAT Eudoro Aráoz, además de contar con la participación de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Antonio Estofán, Claudia Sbdar, Anotnio Gandur y Daniel Posse, asistieron también los magistrados que integran la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo San Juan, Ernesto Wayar y Daniel Bejas.
En tanto, en representación de la Legislatura pudo verse a los opositores Alberto Colombres Garmendia (PRO) y Roberto Sánchez (UCR), mientras que, ya avanzada la ceremonia, llegó el justicialista Ramiro González Navarro. Vale indicar que no asistió ningún referente del Poder Ejecutivo.
Durante su alocución, Posse sostuvo que con el sistema judicial regularizado en cuanto a la cobertura de las vacantes (propiciada por el Consejo Asesor de la Magistratura) lo que debiera motivar en la actualidad la preocupación de los estamentos de la judicatura es generar el marco adecuado para el correcto funcionamiento del Poder Judicial y el digno ejercicio de la profesión de abogados.
Referido a ello, indicó que desde el CAT se debe cumplimentar un rol estratégico basado en que "el abogado está comprometido y debe velar en forma individual y a través de su Colegio por la recta, pronta y eficaz administración de justicia, a fin de lograr la paz social y el reconocimiento de las libertades y derechos de los ciudadanos. Es la participación del abogado la que garantiza la armonía entre el interés particular que defiende y el interés público de que se dicten sentencias justas", adujo.
Seguidamente, estimó como primordial que el CAT participe de manera directa en la elaboración de proyectos legislativos, en las decisiones generales del Poder Judicial y en las que adoptare el PE con sus acciones que podrían conllevar una incidencia en la independencia y funcionamiento del propio sistema judicial.


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