El representante de Formosa ante el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, ingeniero Jorge Bazan, expuso su inquietud ante la no aplicación a nivel local la denominado “Ley de Medios”.

En una suerte de relato de cómo se gesto la norma y los pasos que se fueron dando, señalo en principio que la misma fue aprobada en la Cámara de Diputados el 17 de Setiembre de 2009 y antes de fin de ese año, nacía por imperio de la flamante Ley N° 26.522, Radio y Televisión Argentina, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y luego el Directorio de la Autoridad Federal de servicios de Comunicación Audiovisual.

Continuo exponiendo que el 29 de Junio de 2010 se creó, siempre en el marco de la Ley , el "Registro Público de Señales y Productoras", y el pasado lunes comenzó a funcionar, oficialmente, el "Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia " que integra, en representación de Formosa, la doctora Otilia Britez.

“A pesar de las numerosas medidas cautelares de jueces de 1° instancia, que frenaron por un tiempo su aplicación, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está plenamente vigente en cada uno de sus estamentos aunque resta resolver la suspensión del Art. 161 que impuso el juez Edmundo Carbone, apelada ante la Corte Suprema de Justicia, que sólo por ahora impide avanzar en la obligación que tienen quienes deben desprenderse de medios con los que están incompatibles. Y esa incompatibilidad surge claramente de la misma ley”, enfatizó Bazan.

De todos modos advirtió: “Ahora la pregunta es. Si la Ley está vigente como lo afirmara con toda convicción el propio Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ricardo Lorenzetti, ¿porque razón no se aplica con todo rigor en provincias como Formosa?. Tal vez la respuesta la podríamos encontrar en la falta de decisión de aquellos que poco o nada han hecho al respecto”.

A modo de ejemplo expuso que “nadie que sea deudor moroso de obligaciones fiscales, previsionales o sindicales puede ser licenciatario de señal alguna de radio o televisión (artículo 24°). Ni mucho menos si está incapacitado o inhabilitado judicialmente, y menos aún si no puede demostrar el origen de los fondos. Y tampoco si no está en regla con SADAIC, AADICAPIF, y Fondo Nacional de las Artes, por el pago del dominio público pagante. Y si no posee en regla la composición societaria (Art. 50), entre otras causales, puede sufrir la extinción de la licencia”.

Asevero Bazan que “ningún propietario de señal abierta de televisión puede transportar esa señal por su propio sistema de TV por cable porque incurre en incompatibilidad manifiesta, por imperio del límite a la multiplicidad de licencias que busca la desconcentración monopólica, que aunque se quiera ocultar bajo una transferencia dudosa de acciones, siempre se puede demostrar fácilmente la maniobra con un simple cruzamiento de datos entre la AFIP , los organismos nacionales previsionales y hasta la Dirección Provincial de Rentas”.

Dijo asimismo que “no se puede transmitir cualquier cosa utilizando cualquier cosa. Todos los equipos de transmisión deben estar homologados técnicamente. Muy pocos lo cumplen. La Comisión nacional de Comunicaciones (C.N.C.) lo puede verificar a simple requerimiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Agrego que “el tiempo de emisión de publicidad en radios no puede superar los 14' por hora. Tampoco se respeta. Y ni hablar de los contenidos. Las radios, salvo casos muy puntuales, incumplen sistemáticamente la ley. Es que no pueden retransmitir señales porteñas en más del 30 % de la totalidad de las horas de emisión. Sólo 4 horas “en red” cada 12 de transmisión. Con el agravante que esas 4 horas deben estar repartidas razonablemente en toda la grilla”.

Sostuvo finalmente que “mientras los medios públicos locales, con toda voluntad, y a pesar de las carencias propias están cumpliendo con esfuerzo las normas vigentes, el ámbito privado, siempre con las obvias excepciones parece ser “tierra de nadie”. Porque los que se tienen que preocupar u ocupar de aplicar la “Ley de Medios” cuya sanción se convirtió en uno de los mayores logros de este gobierno popular “miran para otro lado”. Seguramente el tiempo, que todo lo cura, hará que la racionalidad y la legalidad pronto sea moneda corriente en el ámbito de la comunicación audiovisual. Algo que, por ahora es meramente utópico”.