La oposición salió a denunciar que el presupuesto 2013 de la Provincia establece más recortes para los municipios, que ya este año, según los cálculos de los intendentes nucleados en el Foro de Intendentes Radicales, perderán unos 500 millones de pesos. Para el próximo ejercicio la cifra podría ascender hasta los 700 millones de pesos.

Ayer, el legislador provincial Roberto Birri, que preside la bancada del Frente Cívico, indicó que el proyecto de presupuesto, que será aprobado de manera definitiva mañana en la Unicameral, no revierte la quita de partidas que vienen sufriendo las intendencias.

“En lo que va de este año que está a punto de terminar los municipios han dejado de recibir entre 400 y 500 millones de pesos que les correspondería por coparticipación. Se los elude a través de la generación de fondos específicos que convierten a esos recursos en no coparticipables. Son cifras muy importantes, que obligan a los municipios a generar una austeridad muy grande y, a veces, a hacer sus propios ajustes de impuestos”, manifestó Birri en una conferencia de prensa que brindó en la sede del Partido Socialista.

Por su parte, el legislador radical Rodrigo de Loredo presentó un informe sobre le presupuesto 2013, en el que señaló que el año próximo los municipios se perderán de recibir 706 millones de pesos.

“Para el ejercicio del año próximo nos encontramos con datos que ratifican lo que venimos advirtiendo en todo 2012: los municipios y comunas van a ver nuevamente disminuidos sus recursos por la decisión política de la gestión de Unión por Córdoba de no coparticipar alrededor de 706 millones de pesos. Se trata de fondos nacionales y provinciales que el gobierno de De la Sota recaudará y que no distribuirá por pura voluntad política de no incorporar esos fondos a la masa coparticipable, profundizando la asfixia financiera que viven hace tiempo las intendencias de la provincia”, indicó De Loredo.

Las pérdidas

El radical enumeró cinco conceptos que debieran ser repartidos entre los municipios pero que no lo son. Se trata del “Impuesto a las Ganancias - Excedente Fondo del Conurbano”, “Ley 24.699 Ganancias - suma fija”. “Monotributo”, “Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales” y “Ley 24.699 Bienes Personales”.

Sólo en esos ítems los intendentes perderían 468 millones de pesos en 2013; a esa cifra hay que sumar los 238 millones que, según la UCR, deberían recibir por los fondos específicos que se fueron creando, precisamente, para no repartirlos entre los gobiernos locales.

Más deuda

Con respecto a la evaluación general del presupuesto provincial para el 2013, Birri indicó que el proyecto oficial subestima los ingresos. “Creo que esto es para disimular un futuro déficit y sabemos que eso se convierte en deuda. Esa desde, a su vez, significa aumentar la presión impositiva, disminuir el gasto social, que es una de las cuestiones que estamos mirando con preocupación. En concreto es un presupuesto que muestra dos grandes dependencias: por un lado, hay una dependencia con respecto a los recursos del gobierno nacional, que representan casi el 60 por ciento de los recursos totales de la Provincia. Y, dentro de los recursos propios, el enorme impacto incidental que tiene el impuesto a los Ingresos Brutos, que representa el 80 por ciento de los recursos propios. Esto debe ser un dato preocupante porque es un impuesto inflacionario, que se traslada a los precios”, indicó el jefe del Frente Cívico.

Con respecto a la deuda, Birri indicó que seguirá creciendo el año próximo. “El endeudamiento ha sido una característica de la política de Unión por Córdoba en sus 13 años de gestión. En el 99, cuando De la Sota se hizo cargo de la Provincia, Santa Fe y Córdoba tenían una deuda de 900 millones de pesos. Hoy Santa Fe está en los 5 mil millones de pesos y Córdoba supera los 20 mil millones. Es para que sepamos cómo hemos sido administrados durante estos 13 años de gestión, que estuvieron cargados de una alta dosis de irresponsabilidad”, manifestó el legislador opositor.

Además, remarcó que, si bien es real la deuda de 1.040 millones con la Caja de Jubilaciones, el gobernador terminó usando a la Nación como chivo expiatorio para justificar un aumento de impuestos del orden de los 3 mil millones de pesos anuales.