La obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) vuelve a estar bajo la mira de la Legislatura. Luego de que el año pasado, una comisión investigadora realizó un informe que concluyó que el organismo se encuentra en una situación deficitaria (hoy estimada entre los 400 y 600 millones de pesos), ayer un grupo de senadores radicales dio a conocer una información a los que accedió “desde adentro"”y por la cual aseguran que, en el último tiempo, hubo ingresos y nombramientos que alcanzaron a 253 personas “en un solo movimiento administrativo”.

En los casos que señalaron, hay incorporaciones a planta sin antigüedad y ascensos que no cumplen los requisitos.

“Vamos a pedirle al fiscal de Estado (Fernando Simón) que le haga devolver el dinero a quienes cobraron por encima del importe de lo que corresponde. Es nuestra obligación denunciar los desmanejos y poner a disposición la adulteración de los documentos públicos, como hemos demostrado que es así, además de las resoluciones que se hicieron para amigos y parientes, haciendo saltar la ley de empleados públicos”, señaló Jorge Palero, uno de los senadores que encabezó ayer la denuncia.

Según el legislador, esta información, además de ser puesta a disposición de Fiscalía de Estado, podría traer complicaciones a los directores que firmaron los documentos que están sospechados de estar adulterados. Por su lado, en OSEP respondieron que las dos resoluciones señaladas “corresponden a los acuerdos paritarios avalados por la Legislatura a la que él mismo (por Palero) pertenece”.

“La misma gente de OSEP se abrió a nosotros con información, lo hicieron como un mecanismo de defensa”, explicó Palero la forma en la que accedió a los datos.

Palero junto a los también senadores radicales Gerardo Del Río y Raúl Ferrer, con el presidente de la UCR Sergio Pinto, realizaron una conferencia de prensa ayer para denunciar “una superestructura burocrática, con muchos cargos administrativos y macrocefálica”, que se alimentó con nuevos nombramientos y jerarquizaciones a partir de dos resoluciones.

Esto surgió, según cuentan, de la investigación que inició una comisión especial a fines de 2014 y que continuó este año a partir de seguir las huellas de la resolución 601, del mes de marzo, que “nunca fue publicada, pese a que la pedimos por medio de una acción administrativa”, señaló Palero. En este documento, “hay 19 personas nombradas y puestas con mayores dedicaciones, subrogancias y algunas de ellas incluso nombradas como jefe departamento”.

En la historia que relatan, fue Fiscalía de Estado la que logró acceder luego de “intimar tres veces al director de la OSEP”, Alberto Recabarren, aunque la información vino con un extra: “En el medio nos enteramos que días antes, la OSEP sacó la resolución 2.247, que efectiviza a 253 personas en cargos de planta. Nosotros tenemos el listado y la resolución”.

El cuestionamiento de los radicales no está tanto en el número, sino en algunos casos que llamaron la atención y que ayer expusieron. “Como son tantos los casos, comenzamos con una investigación que hizo el Tribunal de Cuentas. Nos contestan que hay aproximadamente 20 personas que son adscriptas y están cobrando el incentivo de OSEP sin trabajar ahí, le están pagando full time, es decir, el 70% del sueldo básico y en realidad están trabajando en otras reparticiones”, sintetizó Palero.

Repercusiones

La respuesta oficial no se hizo esperar, así como la contestación que luego le devolvió el radicalismo. “Los pases a planta y asignaciones de clase mencionados pertenecen todas al acuerdo paritario de principio de este año, que fue ratificado por Ley en la Legislatura. El decreto 772/15 y la Ley 8798/15 establecen que el personal contratado y de planta temporaria que se desempeñe en instituciones de salud con ingreso desde 2012 hasta 2014 inclusive, deberá ser incorporado a planta permanente”, señaló un comunicado de la OSEP.

Sobre esto, Palero se refirió a los acuerdos paritarios y dijo que corresponde al personal contratado en esos años “con continuidad al momento de su pase a planta, el cual se hará efectivo el 30 de noviembre del 2015, así como aquellos que se encuentren en un cargo temporario o interino, de planta permanente, considerándole la antigüedad para el escalafón según la ley 7759”.

En otras palabras, en el caso de las jerarquizaciones, los denunciantes recordaron que “deben tener diez años en la función pública y dos años de efectivo ejercicio del cargo que subroga para efectivizaciones”.