La reforma judicial en Santa Fe tuvo ayer un nuevo capítulo en la Legislatura. El gobierno consiguió que la mayoría apruebe 13 pliegos de postulantes a cargos de fiscales y defensores. El PJ y el PRO rechazaron otros tres y además lograron que el Poder Ejecutivo retire 11 pliegos ante la decisión de bochar a todos. Sobre esos candidatos, la oposición objetó que muchos de ellos ni siquiera lograron obtener 60 puntos sobre 100 en los concursos de antecedentes y oposición.

Desde el oficialismo se remarcó que al momento de hacer los concursos no figuraba ese requisito de puntaje mínimo –que apareció después a pedido del fiscal general, Julio De Olazábal– para poder enviar los pliegos al Parlamento santafesino, pero de todas formas optaron por devolverlos a la Casa Gris y mientras tanto abrir un canal de diálogo político para intentar convencer al peronismo y al macrismo.

Luego, a través de un comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remarcó que todos los postulantes a fiscales y defensores cuyos pliegos fueron retirados obtuvieron al menos 60 puntos sobre 100 en el examen escrito y el coloquio oral. No obstante, se mostraron conformes con el visto bueno de 13 pliegos y optimistas con el proceso de implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal.

Es de recordar que los 16 pliegos que se analizaron ayer en la Asamblea Legislativa fueron los mismos que en noviembre del año pasado retiró el Poder Ejecutivo ante la amenaza de la oposición de rechazarlos. En aquel momento, la mayoría del justicialismo y el PRO planteaban críticas no sólo al sistema de selección por el cual los postulantes habían ganado sus respectivos concursos, sino también la presencia en esa nómina de varios ex funcionarios del Frente Progresista durante la gestión de Hermes Binner.

Al cabo de estos meses de negociación algunas posiciones irreductibles mutaron, y con ello se logró el resultado de ayer. Sin embargo, diputados como Mario Lacava, Héctor Acuña y Alejandra Vucasovich se mantuvieron en sus críticas opiniones. Sus exposiciones en el recinto no alcanzaron para torcer el rumbo general de las votaciones, y sólo tres postulantes no pasaron el filtro político de la asamblea.

La posición de Lewis

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, expresó que la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de 13 pliegos de nuevos fiscales y defensores significa “un paso adelante hacia la implementación definitiva de la nueva Justicia Penal, una transformación histórica en la provincia”.

Para poner en marcha el nuevo enjuiciamiento penal, que abandona el modelo inquisitivo y se caracteriza por audiencias orales y públicas, fue necesario crear de cero dos instituciones: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público provincial de la Defensa Penal. “En primer lugar, fueron seleccionados por concurso sus máximas autoridades y ayer diputados y senadores reunidos en asamblea les dieron acuerdo legislativo a fiscales y defensores titulares de la ciudad de Rosario”, explicó.

“Estamos dotando a las nuevas instituciones de funcionarios judiciales que trabajarán con más herramientas y mayor eficacia en cuanto a combatir el delito, un anhelo de la sociedad y un compromiso del gobierno”, dijo Lewis, y agregó: “Con la integración de estos actores, avanzamos hacia la implementación definitiva de un sistema diferente de impartir justicia. Por eso hablamos de una transformación profunda del Estado que traerá mejoras en la calidad institucional y en la vida de los santafesinos”.

La puesta en marcha del modelo acusatorio es progresiva y se encuentra en su última etapa de implementación. Los candidatos a los que hoy se les brindó acuerdo legislativo habían surgido de un concurso público de oposición y antecedentes que se realizó en 2011 y estuvo presidido por las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, el fiscal general Julio De Olazábal y el defensor provincial Gabriel Ganón. Además, eran jurados un abogado por el Colegio de Abogados, un profesor universitario por las universidades públicas y un fiscal y un defensor regional respectivamente.