El intendente Carlos Arroyo elevó ayer al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza en el que solicita que se declare por 180 días, con la opción de prorrogarse, la emergencia económica, educativa, financiera, social, administrativa y seguridad pública.

El proyecto ordenanza que ingresó ayer con el número de expediente 2016-E-1032 especifica en su primer artículo que de aprobar el Concejo Deliberante la emergencia se podrán replantear los principales contratos de prestación de servicios. Pero no sólo eso: también incluye a los actos administrativos. Desde ese momento, según a las conclusiones que surjan, se podrán hacer "tareas de reordenamiento" y "fijar nuevos plazos, quitas y eliminación de costos financieros" que se detecten en la administración municipal.

Desde el Ejecutivo aseguran en el proyecto que el objetivo de esta ordenanza es "superar la crisis económica, administrativa y financiera del municipio" y buscar una administración "ordenada y eficaz" que impulse desarrollo de la ciudad pero con "austeridad económica".

La declaración de la emergencia en todas las áreas significará que el Concejo le dará autorización al gobierno municipal para, por ejemplo, modificar los destinos de los fondos. Es decir, se podrá sacar de un área dinero para destinarlo a otra que el Ejecutivo crea más conveniente.

A su vez, el proyecto prevé que no se podrán otorgar nuevas exenciones de tasas y hasta autoriza a revisar las otorgadas. Es decir, que se podrá sacar exenciones que habían sido autorizadas por el Concejo.

De aprobarse la emergencia, el Ejecutivo podrá "derogar los actos administrativos referentes a gestión de personal que no hayan cumplido o hayan vulnerado las normas vigentes".

El proyecto también establece que se limitarán los gastos de publicidad y propaganda y esos fondos sólo se destinarán a difundir acciones de gobierno que estén vinculadas con el "interés general". Además, se reducirán las partidas de protocolo del Ejecutivo y del Concejo.

La emergencia también incluirá a los funcionarios: se les suspenderán todos los viáticos. Y más: suspende el uso de celulares que son pagados por el Municipio. Sólo el intendente Carlos Arroyo podrá autorizar este tipo de gastos pero a través de un decreto. También se restringirá el uso de los vehículos oficiales para actos "estrictamente necesarios destinados al servicio de la población".

Por otra parte, el proyecto contempla que el gobierno local "agilizará las tramitaciones de todos aquellos agentes que por problemas de salud estén en condiciones de jubilarse".