A las 9 se inicia el tercer proceso por delitos de lesa humanidad en el que serán juzgados, por un total de 56 víctimas, cinco acusados que actuaron en Neuquén durante la última dictadura militar.
Es el tercer proceso judicial contra acusados por un total de 56 víctimas, cuyos casos también fueron parte de los juicios realizados en 2008 y 2012.
El Tribunal Oral Federal 1, conformado por los jueces Leónidas Moldes (presidente), Richar Gallego y Diego Barroetaveña, convocó a 61 personas para que declaren como testigos. Como juez sustituto fue designado Luis Losada.
Como fiscales estarán Marcelo Grosso y Adrián García Lois, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén y el Centro de Profesionales de Derechos Humanos (Ceprodh) serán querellantes. En tanto, las defensas las asumirán defensores públicos.
Serán juzgados por graves violaciones a los derechos humanos el ex agente de Inteligencia Jorge Di Pasquale y el ex subjefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal Jorge Soza, quienes estuvieron prófugos durante varios años. También están imputados Mario Alberto Gómez Arenas, ex jefe de Inteligencia del Destacamento 182; Luis Alberto Farías Barrera, quien se desempeñaba en el momento de los hechos como jefe de Personal del Comando de la VI Brigada, e Hilarión de la Pas Sosa, ex jefe de la sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI. En tanto, Héctor Mendoza, quien estaba a cargo de la Comisaría 14 de Cutral Co, fue apartado del juicio por problemas de salud.
Tanto Gómez Arenas como Pas Sosa y Farías Barrera se incorporaron a este tercer tramo dado que quedaron fuera del proceso realizado en 2012 a raíz de problemas de salud.
Labrune indicó que la singularidad de este juicio consiste en que “se sentará en el banquillo de los acusados a dos ex prófugos que intentaron eludir la acción de la Justicia” y agregó que “si proseguimos con este esfuerzo, todos los represores van a enfrentarse a estos juicios y a los castigos, que fue uno de los objetivos que los organismos de derechos humanos nos habíamos propuesto hace más de 30 años”.
Por su parte, el abogado de la APDH, Juan Cruz Goñi, afirmó que esto “marca un punto importante en la lucha contra la impunidad que han planteado los organismos de derechos humanos en la región”.
Tanto Labrune como Goñi destacaron que durante las audiencias “se conocerán los hechos criminales cometidos por Soza, quien durante la dictadura tuvo una importante participación bajo las órdenes del comisario Jorge ‘Perro’ González, ya que fueron varias las víctimas que lo identificaron como partícipe de los interrogatorios que bajo tormento se realizaban en la sede policial”.
Sobre Di Pasquale, el abogado de la APDH expresó que “su juzgamiento pone de manifiesto la centralidad del arma de inteligencia que fue el motor de toda la represión, pues no sólo fue clave en la programación sino también en la ejecución del obrar genocida”.
En tanto Marcelo Medrano, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, precisó que “sirve para la reparación de las víctimas, para cuestionar o poner en el tapete la cuestión de la sociedad civil y los grupos que participaron activamente o por omisión de la dictadura”.
También para Ivana Dal Bianco, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), la “expectativa mayor” en este proceso judicial está puesta en el juzgamiento de un miembro de la Policía Federal, “una de las fuerzas represivas fundamentales de la dictadura”.
Mientras que para el fiscal Grosso “habrá que apuntar a la responsabilidad que le pudo caber a Di Pasquale, quien está imputado también por los hechos del primer tramo”. Agregó el ex teniente coronel de Inteligencia “actuaba bajo las ordenes de Mario Alberto Gómez Arenas y en conjunto con Eduardo Molina Ezcurra y Adolfo San Martín, que eran los otros dos oficiales del Destacamento de Inteligencia que ya fueron condenados en los dos primeros juicios”.
Comentá la nota