Arias denunció una persecución y responsabilizó a De la Sota

La Provincia le inició una causa a la ex delegada regional por supuestas irregularidades. La ex concejala le apuntó al gobernador; dijo que fue amenazada. No se baja de su intención de ser defensora del Pueblo

Una semana después de que se conociera que el gobierno de Córdoba la denunció en la Justicia por presuntas irregularidades en la contratación directa de dos empresas, Marisa Arias, delegada regional de la Provincia durante la gestión de Juan Schiaretti, pasó al contraataque. En una conferencia de prensa, responsabilizó directamente al gobernador José Manuel de la Sota por lo que, según su visión, es una campaña de persecución política en su contra, motivada únicamente por antipatías personales. Además, la ex concejala aseguró que fue amenazada por funcionarios del mandatario provincial, a los que acusó de ejercer una forma de hacer política basada en la “obsecuencia” y la pelea por los cargos.

La semana pasada llegó a las redacciones de los medios, de forma anónima, un sobre que contenía la denuncia penal que Marcos Farina, secretario administrativo del gobierno de Córdoba en Río Cuarto, presentó en contra de Arias en los tribunales locales. La acusación señala que hubo irregularidades en la contratación de las empresas Mediterránea Clean SRL y Exótica de Giussepe Cosma. La investigación, dirigida por la ministra Mónica Zornberg, indica que las contrataciones no fueron visadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Ayer, Arias dio su versión. “Esto es un capítulo más de una persecución política que no comenzó hoy con esta denuncia. Empezó hace bastante tiempo. Y la única razón que uno encuentra como justificación es una antipatía profunda. En la política uno tiene muchas diferencias con un montón de dirigentes, pero siempre intentamos hacerlo bajo un marco de respeto. Para con mi persona no he sentido que el gobernador me haya respetado. Para mí, la denuncia no fue una novedad porque en diciembre ya me habían amenazado con denunciarme si seguía insistiendo con participar. Les traigo la noticia de que no me desalientan ni las amenazas ni este tipo de acciones; al contrario, me llenan de fuerza, de ganas de seguir participando; quiero ser la defensora del Pueblo”, indicó Arias.

La denuncia en contra de la ex delegada regional se presentó pocos días después de que oficializara su intención de ser la reemplazante de Eduardo Mugaini.

En su conferencia de prensa, Marisa Arias acusó directamente al riocuartense Juan Grosso, colaborador cercano de Adriana Nazario y actual presidente de la Agencia de Promoción del Empleo de la Provincia, de haberla amenazado con un mensaje cuasimafioso.

“En una oportunidad, Grosso me mandó a decir que me iba a tener que ir de la Provincia. Les digo que no sólo no me voy a ir sino que voy a seguir haciendo política”, indicó Arias.

La ex delegada acusó directamente al gobernador por la denuncia penal en su contra.

“Para mí, hay una sola cabeza, como ocurre en todo grupo y más específicamente en ese, donde hay una obsecuencia importante. Ese grupo tiene una cabeza y aspiro a hablar de esa cabeza”, declaró.

Agregó que a los actuales funcionarios delasotistas les molesta que haya dirigentes a quienes no los motive simplemente un cargo.

Arias también le apuntó al presidente del Partido Justicialista, Hugo Abrahan: “No lo juzgo solamente por este hecho. Lo juzgo también por lo que ya viví en la interna. Quien debía garantizar el acto democrático de esa elección era el presidente del partido pero él mismo declaró que no se decidió nada en Río Cuarto sino en alguna oficina de Córdoba. Él no supo defender los intereses que debía defender”.

La ex concejala anticipó que ya le envió una carta documento a Farina en la que le anticipa futuras demandas civiles en su contra.

Ordenan una inspección ocular

Walter Guzmán, el fiscal que investiga la denuncia del gobierno provincial contra Marisa Arias, ordenó ayer una inspección ocular en el Centro Cívico para constatar si las plantas que la entonces delegada regional habría ordenado comprar sin cumplir con los procedimientos administrativos están o no en la dependencia provincial.

Alberto Bertea, abogado de Arias, indicó que no hay elementos en la denuncia que avalen la acusación de supuestas irregularidades contra la ex delegada regional.

Bertea declaró que Arias jamás manejó presupuesto, ni estaba autorizada a emitir cheques ni a realizar pagos. “Marisa no tenía facultad de contratar”, dijo.

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