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Una multinacional argentina del comercio de granos, Nidera, presente en 22 países y con casa matriz en Holanda, fue denunciada a fin de año por un fiscal y el ministerio de Trabajo por presunto trabajo esclavo en una de sus fincas. La compañía, que produce semillas, fertilizante y fungicidas, negó la acusación pero las condiciones inhumanas en determinadas actividades agrícolas en pleno siglo XXI y en uno de los sectores más productivos despertaron un debate tal que obligó a reunirse al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con los colectivos agrícolas. Tomada anunció la creación de un espacio de acción conjunta para “erradicar el trabajo en negro y las condiciones de servidumbre”.

Las condiciones de esclavitud en Argentina no solo han sido detectadas en el campo sino también en talleres textiles de Buenos Aires, prostíbulos de todo el país y hasta fábricas de ladrillos de los suburbios de la capital y Neuquén, tal como viene denunciando la cooperativa La Alameda en la que se emplean trabajadores liberados de este sometimiento. Cerca de 1,3 millón de latinoamericanos padecen el trabajo forzoso según la Organización Internacional del Trabajo.

El fiscal Rubén Giagorio denunció a siete empleados de Nidera por “presunta reducción a servidumbre” de 60 menores y 120 adultos, temporeros del norte trasladados a San Pedro. Nidera, que en Argentina es el sexto exportador de granos y el primero en producción de semillas de soja y girasol, respondió que (los empleados) estaban registrados en la Seguridad Social, y que las condiciones de salario, transporte, trabajo, alojamiento y alimentación suministradas habían sido las estipuladas por ley y que ninguno de esos “servicios” había sido descontado de la remuneración.