Una de cal...

La condena al exboxeador Víctor Purreta, a quien se encontró culpable del homicidio simple de quien fuera su pareja -Andrea López- causó al menos un poco de alivio para la madre de la víctima y para sus allegados.

Después de una década de luchar para que el crimen no quedara en la impunidad, es probable que Julia Ferreyra y quienes más la acompañaron en el proceso sospecharan seriamente respecto de la posibilidad de que no hubiera una sentencia condenatoria, independientemente del debate que puede haber en torno al monto de esa pena y a la calificación legal que decidieron darle los jueces.

También se percibe claramente que después de los largos años de complicidad investigativa -ya sea policial y/o judicial, ya sea por pereza y/o por complicidad, ya sea por acción u omisión- algo cambió socialmente: los tibios y casi vergonzosos reclamos iniciales de la familia, en una triste soledad o con alguna compañía poco visible, se volvió en estas horas una exigencia masiva, con activa vigilancia ciudadana, con presencia de organizaciones populares y personalidades dispuestas, de ser necesario, a hacer tronar el escamiento.

El Caso Purreta fue (es) para La Pampa un hecho paradigmático, por diversas razones y pese a que antes hubo también episodios de desenlace idéntico y configuración similar.

Sirvió de manera fundamental para poner sobre el tapete cuestiones vinculadas a la violencia de género, incluyendo especialmente la explotación de la prostitución ajena.

También evidenció la connivencia de todo un sistema con esas prácticas: por cuestiones culturales, una buena parte de la ciudadanía -que se ha reducido en número- estaba dispuesta a naturalizar ciertos comportamientos, hasta que se abrió una grieta por la cual empezaron a permear otros discursos, otra visión del mundo, un nuevo sentido común.

Esas dos maneras de pararse frente a la realidad hoy conviven, se entrecruzan y se retroalimentan, tal como ocurre en los poderes político y Judicial, donde de todos modos sus actores tienen otras responsabilidades y otras formas de influencia sobre conductas, normativas y ejemplos.

Purreta fue impune durante mucho tiempo, también por las facilidades que le otorgaron los dirigentes del partido del gobierno, con los que tenía una relación que excedía el mero contacto formal o institucional entre un representante del Estado y un deportista: entre otras razones, esa protección y reaseguro le propiciaron la posibilidad de reinicidir.

Los cambios sociales que se registraron en la década que pasó desde la desaparición de Andrea López -o, por tomar otra medida, los 12 años que transcurrieron desde la desaparición de Marita Verón- incluyeron la pelea que dio Susana Trimarco para visibilizar la problemática, para enfrentar a corporaciones arraigadísimas en el poder policial y en la Justicia, y también el protagonismo de otros sectores y personalidades cuyos posicionamientos fueron mutando de la mano del oportunismo, la hipocresía y la demagogia.

No es nada demasiado nuevo: una problemática que ni les interesaba, por la que no movían un dedo, se convirtió repentinamente en algo así como su razón de ser, con la expectativa de que ese reacomodamiento tenga resultados político-electorales.

...y una de arena...

En ese contexto, la vicegobernadora Norma Durango intentó justificar en “problemas generacionales” la conducta política que han exhibido en todos estos años, frente al delito de trata de personas, algunos de los principales popes del partido del gobierno.

Así como desde el PJ pampeano se acudió en su momento en auxilio de Víctor Purreta, hay una serie de intendentes que facilitaron el negocio de los prostíbulos extendidos en toda la provincia: esos jefes comunales aparecen involucrados en distinto grado en varias causas judiciales que están siendo investigadas, pese al esfuerzo del propio justicialismo para evitar esos avances.

Esa fue, al menos, la revelación que hizo el fiscal Juan José Baric, en declaraciones que se tornaron curiosas a partir de algunos detalles extraños, incluyendo el hecho de que la página oficial de la Procuración -que fue la primera en publicar esos dichos- modificara o eliminara justamente aquellos párrafos que generaron molestia entre los dirigentes del partido del gobierno.

El PJ pampeano demoró algunos días en dar a conocer un aclaratorio posicionamiento oficial, después de que Baric soltara la revelación de que “me llegaron a advertir que el peronismo no veía con buenos ojos lo que estaba haciendo”.

Más que una novedad, la interpretación de los hechos lució mayor gravedad por el cargo que ostenta quien lo dijo, pero cualquier analista elemental hubiera llegado a esa consideración únicamente observando los gestos políticos puestos de manifiesto por los caciques partidarios, en especial aquel respaldo reconfortante que Rubén Marín le dio a Luis Rogers -a la postre procesado- cuando lo recibió entre bromas alusivas el día en que lo imputaron y él se justificó diciendo que los prostíbulos eran un lugar “de contención espiritual”.

No puede dejar de señalarse que entre las rarezas de los modos que eligió el fiscal Baric para expresarse sobre el tema se cuenta el detalle de que no complementó esa revelación con alguna acción concreta: si denunció lo que es una presión ilegítima debió haber explicado quién o quiénes fueron los protagonistas concretos, y llegado el caso debió haber actuado formalmente como se lo exige su cargo.

Del mismo modo involucró a quienes estuvieron a cargo de la Justicia Federal, y en ese sentido no tuvo reparos en meter a todos los magistrados en la misma bolsa (sus cuestionamientos alcanzaron a la jueza actual, Iara Silvestre), pese a que la realidad demuestra que han tenido comportamientos diferentes, y hasta podría decirse que antagónicos, cuando se abocaron a los expedientes por casos de trata de personas en que están comprometidos intendentes.

Resulta saludable -podría decirse que necesario, o imprescindible- que los distintos actores involucrados en la problemática expongan sus consideraciones públicamente, saquen a la luz una discusión que durante tanto tiempo estuvo oculta y argumenten ante la mirada de la ciudadanía, pero ello no implica que los funcionarios tengan que dejar de lado la responsabilidad a la hora de expresarse, porque de lo contrario un debate que puede resultar enriquecedor termina convirtiéndose en meros impactos mediáticos.