Según la acusación presentada por René Gómez, abogado de Levín, ante la oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público, el juez Marchetti incurrió en delito al dictar una resolución contraria a la ley. Más concretamente porque hizo entrega de una certificación del Directorio de La Veloz del Norte con el que no está de acuerdo.

En dicha certificación se deja constancia de que el directorio de la empresa está compuesto por Levín, en carácter de presidente junto a dos directores, Luis y Raúl Derudder, quienes representan a la otra parte societaria de la firma con el 50 por ciento de las acciones.

En su denuncia, Levín adujo que en realidad dicha constitución ya no existe, puesto que en una asamblea, ocurrida el 14 de mayo de 2010, el directorio cambió y los Derudder, fueron remplazados por su esposa, Matilde Carmelia Abrevanel y también Ezequiel Movsovich. A través de sus abogados, Levín intentó registrar este nuevo directorio, sin embargo, no logró hacerlo debido a que los Derudder, representados por el abogado Horacio Aguilar, se opusieron.

Frente a esta situación, Marchetti, quien en este caso cumple funciones como juez de registro comercial, se apartó del conflicto y resolvió girar las actuaciones al juzgado contencioso y administrativo, razón por la cual la nueva certificación pretendida por Levín y cuestionada por Derudder, quedó paralizada.

Posteriormente, Aguilar, solicitó una constancia de la certificación preexistente del Directorio de La Veloz del Norte, certificación que el juez Marchetti hizo entrega, puesto que su función como juez de registro es hacer entrega de dicha documentación a las personas interesadas.

Con este documento, los Derudder publicaron una solicitada informando que el directorio no había sido modificado, por lo que cualquiera que hiciera trato comercial con La Veloz del Norte debía obtener la firma de ambos socios, ya que de lo contrario cualquier contrato quería trunco. Ante esta situación es que Levín, a través de su abogado, denunció a Marchetti por haber entregado dicha certificación.

Investigación y archivo

Una vez hecha la denuncia contra Marchetti, periodísticamente se informó de manera errónea que dicha acusación había sido girada a la fiscal Liliana Jorge, pero que el expediente no había sido habilitado para ser tramitado durante la feria, lo cual no fue así puesto que el caso fue derivado al fiscal correccional de feria, Guillermo Akemeier.

Al tomar la denuncia, el representante del Ministerio Público pidió las actuaciones aludidas por el denunciante, como así también otras pruebas documentales. Al analizarlas, el fiscal detectó que en realidad la certificación cuestionada por Levín es la única que está vigente, ya que el trámite por el nuevo Directorio que el empresario intentó registrar no llegó a completarse.

En vista de ello, en su dictamen de archivo, Akemeier explicó que el juez Marchetti, como juez de registro, está obligado por la Ley Nº 6242 del año 1984 modificatoria de la Ley Nº 5642 (Orgánica del Poder Judicial) en el Título VI, hace responsable al magistrado de las inscripciones y asientos comerciales, como así también de otorgar a los interesados los "certificados que correspondan".

Dado que Marchetti ya se había apartado del conflicto societario y este asunto estaba en la órbita del juzgado contencioso, para el fiscal correccional no había razón para impedir la simple entrega de un certificado de inscripción societaria, el cual hasta la fecha es el único que está vigente. En vista de ello, Akemeier dispuso el archivo de las actuaciones por entender que el magistrado acusado no incurrió en delito alguno.