En una polémica resolución la fiscal Cecilia Corfield archivó la denuncia penal que apuntaba al directorio de la empresa ABSA sospechado por desobedecer una sentencia aun vigente que obliga a la empresa a cobrar solo la mitad del servicio a un determinado grupo de usuarios de Gonnet que fueron beneficiados por un amparo en el que se estableció que la calidad del agua que salen de las canillas es de dudosa calidad y pone en peligro la salud pública, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar. Ante este panorama un abogado de La Plata prepara un pedido de revisión del archivo que será presentado al Fiscal General de La Plata.

La causa se inició luego de la denuncia presentada el juez de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata, por incumplimiento de una sentencia que ampara a usuarios de las localidades de Gonnet y Villa Castells.

 

El juez municipal Dante Rusconi resolvió que la empresa no debe cobrar el servicio de agua a los vecinos de esa zona hasta que el vital elemento sea apta para consumo humano y solo autorizó el cobro del servicio de cloacas. En una boleta de ABSA el 50% del monto es por el agua y la otra mitad por el de desagües.

La empresa Aguas Bonaerense nunca cumplió esa resolución y por ese motivo el juez Rusconi radicó una denuncia penal que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 15 de La Plata.

 

En la IPP 34668-16 hay dos pericias con resultados distintos. Un estudio indica que el agua es apta para consumo, el otro no.

Además en la Unidad Funcional de Instrucción 11 de La Plata se tramitó otra causa en la que un informe de laboratorio también determinó que el agua de esa zona de La Plata no es apta para consumo humano.

 

Mientras Aguas Bonaerenses SA solicita nuevos aumentos y el presidente de la firma asegura estar llevando a cabo uno de los más ambiciosos planes de infraestructura, los reclamos contra la empresa y el servicio que presta se acumulan unos tras otros.

El responsable efímero de la empresa es Raffaele Sardella, una de las personas de máxima confianza del presidente Mauricio Macri que desembarcó en el gabinete bonaerense de María Eugenia Vidal.

 

Los problemas con el servicio de agua en La Plata no son nuevos, pero se acrecientan a medida que pasan los años, independientemente del color político de turno en la gestión del Estado. Su conducta se mantiene constante, prestar servicios deficientes, a lo que creativamente sumaron, el alza de las tarifas por encima de los aumentos salariales de la población, típica maniobra para aspirar recursos de los sectores medio en beneficio de las grandes empresas.

En las últimas semanas, usuarios de Gonnet y Villa Castells recibieron decenas de llamados del área de cobranzas de la empresa en la que reclaman una deuda con elevados intereses sin dar ningún tipo de explicación, según confiaron varios usuarios consultados por este medio.

 

El abogado Marcelo Peña, uno de los impulsores de la reapertura de la causa para que se investigue la trama política por la trágica inundación de La Plata, adelantó a este medio que pedirla la revisión del archivo. El planteo será presentado ante el Fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, para que analice el caso. “No puede escapársele a quien representa a toda nuestra sociedad que la salud del vecino se encuentra en peligro”, expresó el letrado.

“Con la resolución del juez Rusconi y la presentación de la causa penal, está claro el delito de desobediencia”, vaticinó Peña, y subrayó que el marco legal “se puede agravar si alguna persona se intoxica o sufre un daño en la salud irreversible”.

 

Peña se enfocó en el peligro a la que está expuesta la población de esa zona del norte platense. “Hablamos de agua potable que hace a la salud pública, en el siglo XXI estar discutiendo si el agua que pagamos, con las tarifas actuales, es potable o no, no se puede concebir”.

También hizo referencia al tarifazo dispuesto a principios de año por la gobernadora María Eugenia Vidal que autorizó un aumento del 39%. “La empresa recauda cientos de millones de pesos de los usuarios y brinda un servicio defectuoso, se trata de una empresa pública, hay una responsabilidad directa del Estado en este cuadro crítico”, concluyó el letrado.

 

El pasado 16 de enero se rompió el acueducto que se construye en la zona y se agravó la situación. Lo mismo ocurrió una semana después y en, al menos, otras tres oportunidades, es decir, cinco roturas. Mientras el agua no llega como debe, la empresa intima a los vecinos a pagar deudas por servicios que no presta.