La fiscal especial Claudia Ríos archivó la denuncia penal de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi) contra Consorcio Río Colorado (CRC). Tras un proceso de investigación, la profesional concluyó que no hubo engaño ni fraude por parte de la compañía brasileña.

La causa creada el martes 16 de abril, fue presentada en la Fiscalía de Delitos Complejos por el presidente de Casemi, Carlos Ferrer, en representación de 35 empresas nucleadas por la entidad. En aquella ocasión, Ferrer denunció a Vale de estafa por "ocultar la información de la venta del proyecto a las empresas proveedoras, mientras éstas continuaban haciendo inversiones millonarias para atender a las exigencias de la obra".

Con este argumento, el empresario pidió el pago de una deuda de $ 80 millones que CRC mantenía entonces con las prestadoras de servicio de Casemi, más una compensación millonaria por los perjuicios económicos ocasionados. No obstante, tras dos meses y medio de atender la causa, Claudia Ríos constató que "no se ocultó información al momento de la contratación de servicios ni durante el desarrollo del proyecto".

Además, la fiscal aseguró que "Vale no ha hecho abandono formal del proyecto". Ante estas evidencias, Ríos dialogó con diario Los Andes y defendió su postura. "El artículo 225 del Código Minero determina que un proyecto en zona concesionada puede permanecer inactivo durante cuatro años", comentó.

"Hoy, CRC cumple con todos los requisitos que exige el Gobierno para mantener la concesión de Potasio Río Colorado. Si la empresa efectivamente hubiera desmantelado las obras y abandonado la zona, entonces sí se podría hablar de incumplimiento pero no es el caso", aseguró la fiscal.

La encargada de la causa explicó además que, en caso de transcurrir cuatro años de inactividad, Vale podría perder la concesión, pero el vencimiento del plazo no podría ser considerado estafa.

Ante la condición de las empresas económicamente afectadas, Claudia Ríos les recomendó que actúen por la vía civil. "Existen una serie de medidas precautorias que sirven para enfrentar este tipo de situaciones", señaló.

La investigación

Defendiendo su postura, la fiscal reveló algunos detalles de la investigación. "Se evaluaron todas las contrataciones con las empresas proveedoras y no se encontraron irregularidades", indicó.

Ríos reconoció que la Casemi presentó los comprobantes de compras e inversiones realizadas por las empresas (excepto por una compañía), pero insistió en que "Vale no provocó perjuicio económico a sus proveedores de forma intencional".

Por el contrario, la profesional considera que las empresas que se unieron al proyecto debieron entender "que existían riesgos como en cualquier negocio".

Otro punto clave en la investigación, fue la visita de la fiscal a las oficinas comerciales de Vale en calle Montevideo al 456 y a las obras en Malargüe.

En ambos casos, Ríos constató que no existe abandono por parte de Vale. "Más allá de lo que se había denunciado, las oficinas siguen funcionando. Por su parte, las instalaciones en Malargüe no se han desmantelado. Ahí continúan todavía las máquinas y los avances de la obra", aseguró.

Por último, la encargada de la causa recordó que en el expediente CRC dijo "suspender" los avances de la obra pero se comprometió a pagar todas sus deudas.