El viernes de esta semana el Poder Ejecutivo deberá restituir a su destino original el saldo de los fondos CRECE que la Legislatura le había autorizado utilizar para “hacer frente a los gastos que genere la incorporación del personal de seguridad en el presupuesto 2010”, ya que el proyecto presentado por el oficialista Fabio Marinello para prorrogar esa autorización hasta el 30 de junio de 2011 no fue abordado en la última sesión del año.

En los fundamentos del proyecto que fue remitido a la comisión de Legislación General se destaca que en función de la incorporación de personal de seguridad “que se viene llevando a cabo (…) resulta de suma necesidad ampliar el plazo” previsto en el artículo 3 de la ley 815 “a fin de culminar adecuadamente con todas las tramitaciones administrativas que deben preceder a la efectiva incorporación de los agentes”. Además se indica que “resulta necesario contra con un plazo mayor al estipulado en la normativa, a fin de culminar con los trámites relacionados a aportes, contribuciones y becas”.

A pesar de la importancia que reviste la cuestión, el Ejecutivo –a través de su único representante parlamentario– recién presentó este proyecto de modificación el lunes 20 de diciembre, cuando restaban apenas algunas horas para que se concretara la última sesión ordinaria de este 2010 y quedaban solamente 11 días para que la ley 815 perdiera efecto.

Claro que el apuro de último momento del oficialismo tampoco parece justificar la determinación de la oposición de dejar el tema en suspenso hasta dentro de tres meses, ni aún cuando el pedido de prórroga venga de la misma administración que había cuestionado duramente la iniciativa sancionada en junio pasado.