La Cámara baja está citada a las 12 para legitimar alcuestionado órgano al que suspendió la Corte de Justicia. El texto que giró el Ejecutivo tiene objeciones planteadas por abogados al 80% de sus 46 artículos
El tratamiento del proyecto de ley que giró el Ejecutivo el pasado 28 de abril, encabeza el orden del día de la sesión prevista a las 12, tras una fugaz escala en las comisiones de Justicia y Legislación General, que presiden Cristóbal Cornejo (PRS) y Pedro Mellado. Allí, penalistas marcaron groseros errores y contradicciones en el texto legislativo que recibió el titular de la Cámara baja, Manuel Santiago Godoy, desde el Grand Bourg, acompañado con la firma del gobernador Juan Manuel Urtubey.
El proyecto de ley orgánica del CIF llega al recinto de Diputados precedido por serias objeciones jurídicas y un fallo de la Corte salteña que suspendió todas las tareas, tanto investigativas como de inteligencia, de la policía paralela que creó el procurador López Viñals por medio de la controvertida resolución administrativa 133/10.
Al cabo de las reuniones que se hicieron en Diputados para analizar este delicado conflicto con diferentes actores de la Justicia, siempre con “puertas cerradas” a la prensa, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta hizo llegar a las autoridades de las citadas comisiones legislativas un meduloso escrito con observaciones de fondo al proyecto de ley orgánica con que se intentará convalidar y legitimar la creación y funcionamiento irregular del cuestionado cuerpo.
En el documento remitido a la Legislatura, el colegio que preside Eduardo Romani hizo notar que, desde su primer artículo, “el proyecto del Poder Ejecutivo asigna facultades al CIF, al cual tácitamente reconoce como válido y vigente dentro de la órbita de la Procuración General, con lo que adelanta, pasando por encima, la decisión de la Corte de Justicia de Salta”.
Más aún -advirtió la entidad profesional-, “decide legitimar y convalidar la creación de un organismo de investigaciones con idénticas facultades que las asignadas a la Policía de la Provincia en su actuación de función judicial, pero dejándolo en manos del titular de la Procuración General de la Provincia (no del Colegio de Gobierno del Ministerio Público)”.
Dos policías
A juicio de los letrados que examinaron el proyecto, con la sanción que pretende imponerse en la Legislatura sin mínimo análisis, debate ni consensos, “tendremos por un lado una Policía Provincial, creada por ley que depende del Poder Ejecutivo, y que asiste en su función de policía judicial y de investigación al Poder Judicial y al Ministerio Público, y por el otro, un organismo de investigaciones (con similares funciones policiales, creado por simple resolución administrativa) con actuación paralela y opcional bajo la órbita y decisión absolutamente discrecional del titular de la Procuración General, y sin control judicial suficiente, generando una peligrosa y antojadiza concentración de poder”.
El Colegio de Abogados apuntó que, “de los 46 artículos del proyecto, más del 80% merecen ser corregidos o suprimidos”, sea por errores conceptuales, ambigüedades y contradicciones, o porque resultan normas redundantes al estar ya legisladas, porque un artículo regula temas diferentes, o porque su materia se corresponde no con una ley, sino con una reglamentación.
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