Por: Hernán de Goñi.La idea de derogar el impuesto al cheque había sido barajada entre las paredes de Olivos como una respuesta extrema a la avanzada opositora en el Congreso, pero nada más. Cuando Cristina la justificó en público, entendió que el proyecto tenía el tono quimérico que necesita el kirchnerismo para funcionar. Por eso decidió ir a fondo y ponerlo en el centro de una nueva batalla.
Para cualquier analista suprimir un impuesto que en 2009 aportó $ 20.000 millones sería como dar un salto al vacío. Para los gobernadores, que aspiran a recibir más, apoyarlo es ponerse una soga al cuello. Pero los Kirchner lo ven como una oportunidad de invertir la carga de la prueba y de cambiar la agenda de la oposición. No hay nadie que discuta el efecto distorsivo de este gravamen, y por eso el Ejecutivo prefirió convertirse en el promotor de su eliminación (a costo fiscal cero, hasta tanto no sea reemplazado). En el razonamiento oficial, si las provincias no están dispuestas a ceder este ingreso, deben ser también las que paguen el costo de extender el impuesto.
El Gobierno dice que está dispuesto a reemplazarlo. Pero hay una condición que nunca blanqueará: que el reparto del nuevo ingreso no le reste poder y le permita mantener la discrecionalidad del sistema actual.
Comentá la nota