El PJy la UCR acordaron llamar a una consulta popular. Buscan que se pueda modificar la Carta Magna con el apoyo de la mitad más de uno de los votos y no, como ahora, de los empadronados.
Ese número mínimo de votantes ha sido el gran escollo para concretar anteriores modificaciones a la Carta Magna mendocina y es lo que se pretende modificar en esta oportunidad, para abrir la puerta a una reforma integral.
En caso de que la enmienda sea aprobada con el voto de la ciudadanía en las próximas elecciones, a partir de ese momento, para otras modificaciones, sólo bastará con la mitad más uno de los votos emitidos y no de los empadronados.
Lo curioso es que la medida (ansiada por el Gobierno) llega de la mano de un proyecto de ley con media sanción presentado hace dos años por el entonces senador radical Mauricio Suárez.
Una vez aprobada en la Cámara alta, la iniciativa dormía en Diputados sin ver la luz. Ayer, con el acuerdo del bloque radical, se superaron los dos tercios necesarios para impulsar la reforma. Hacían falta 32 votos y la aceptación cosechó 36 afirmativos y sólo cinco negativos, correspondientes a la bancada demócrata y a Ricardo Puga, del bloque unipersonal PIM.
La historia reciente de los intentos de modificar la Constitución está atravesado por sucesivas derrotas en las urnas. Toda reforma debe ser aprobada por los mendocinos en las elecciones.
No faltarán quienes recuerden el tradicional par de boletas, una con un "Sí" y otra con el "No".
Si bien nunca ha perdido el "Sí" en una elección, rara vez se alcanzó, en general porque mucha gente omitía las boletas, un número de votos positivos que supere la mitad de los mendocinos que figuran en el padrón electoral y, consecuentemente, nunca se consiguió avanzar con una reforma.
La semana pasada, el PJ hizo un sondeo para avanzar con la vieja iniciativa de Suárez y fue descartada de plano por el radicalismo. Pero esta semana todo cambió y fue el propio radicalismo el que pidió poner en el orden del día el proyecto con media sanción del Senado.
Una vez juntados los dos tercios necesarios para tratar el expediente sobre tablas, la suerte estaba echada acerca de la aprobación, puesto que también hacían faltan dos tercios para poder transformar en ley una declaración de necesidad de reforma constitucional.
Aldo Vinci (PD) anunció la negativa del bloque que conduce, al argumentar que la dificultad para modificar la Carta Magna local "ha permitido que Mendoza sea un oasis y no se transforme en un feudo político". Luego, el diputado dijo que su partido prefiere las reformas acotadas, fruto de acuerdos políticos amplios y que esta avanzada radical-peronista es "reverdecer el Pacto de Olivos".
El titular de la Cámara, Jorge Tanús (PJ), bajó a las bancas para argumentar que es necesario adecuar la Constitución "a la realidad política" y que la interpretación de la Suprema Corte equiparaba "a los ciudadanos con un difunto" que pudiera aparecer en el padrón, para luego reivindicar la vocación reformista de los dos partidos mayoritarios.
El radical Luis Petri dijo que en más de 90 años no se han hecho más que algunas enmiendas menores y que, además de las trabas puestas en la letra de la norma, "si algo le faltaba a la rigidez, llegó esta interpretación" de la Corte. Luego, Petri señaló que el PD usaría el argumento de un nuevo Pacto de Olivos "como arma electoral, cuando no ha existido pacto alguno. Será el pueblo que dará la razón".
Puga dijo que la reforma "es un riesgo. Algunos se creen Honorio Barraquero y están lejos de serlo" y aseveró que esta reforma es sólo para "lograr la reelección del gobernador".
Néstor Piedrafita (ARI) se preguntó si "no ha cambiado nada en 100 años. O, mejor debería preguntar qué queda de hace 100 años", para luego hacer un recuerdo de la multiplicidad de aspectos que debería contener la Constitución de Mendoza pero que no contiene, como "derechos humanos, ambientales, comunicaciones, de propiedad, limitación de reelecciones. Hay que volver a discutir Mendoza para cien años y sin miedo".
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