El Congreso de Bolivia, controlado por el oficialismo, aprobó ayer una polémica ley para el funcionamiento de las autonomías departamentales y municipales, que apunta a luchar contra la corrupción pero, según la oposición, en realidad sólo busca la destitución de tres gobernadores de derecha.

Tras la luz verde del Senado, el viernes, y después de 18 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó ayer la ley que será promulgada hoy por el presidente Evo Morales y que establece que los gobernadores pueden ser suspendidos de sus cargos si tienen procesos penales en marcha.

El oficialismo acusa a los gobernadores opositores Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni) y Mario Cossío (Tarija), por uso indebido de fondos públicos, en especial cuando organizaron los referendos autonómicos de 2008 en sus respectivas regiones, considerados ilegales y separatistas por el gobierno de Morales.

Los tres fueron reelegidos el 4 de abril y, como los seis gobernadores oficialistas, deben asumir sus funciones el próximo domingo. Pero temen ser destituidos con la nueva ley, que establece que podrán ser suspendidos quienes sean procesados, aún sin llegar a sentencia.

El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) presentó ante la Justicia 25 denuncias contra Cossío, nueve contra Costas y dos contra Suárez.

Según el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Héctor Arce, la norma permitirá luchar contra la impunidad y la corrupción, evitando que se usen recursos públicos para actividades que no están definidas por ley.

"Pese a quien le pese, le duela a quien le duela, pese a sentimientos mezquinos, hemos dado un gran paso en la lucha contra la corrupción y la impunidad", afirmó Arce, tras dirigir la maratónica sesión.

En declaraciones a los medios estatales, el presidente destacó ayer que la norma es para que "no haya nuevos corruptos" entre los nueve gobernadores del país.

A su juicio, si los gobernadores opositores están organizando movilizaciones contra la ley se les puede considerar como "corruptos confesos anticipadamente".

Según el vicepresidente Alvaro García Linera, la ley es un instrumento para proteger los recursos públicos de "pícaros y ladrones" y evitará que los delitos cometidos o por cometer por las autoridades elegidas queden impunes.

Al contrario, los opositores señalaron que la ley atenta contra el mandato de las elecciones regionales, en las que la derecha ganó en Tarija, Santa Cruz y Beni.

Los Comités Cívicos de esas regiones, las más ricas del país y bastión opositor desde que Morales llegó a la presidencia, en 2006, iniciaron una serie de movilizaciones la semana pasada, llamaron a la resistencia civil contra la norma y anunciaron más protestas en los próximos días pues consideran que se están violando los procesos autonómicos.

En Santa Cruz, Costas juró simbólicamente a su cargo el viernes, de rodillas y besando la cruz ante una multitud en la plaza principal de esa ciudad. "Tengo la enorme responsabilidad de guiar, orientar y hoy, con el voto que estamos defendiendo, una vez más gobernar a mi pueblo. Esto es un mandato soberano expresado en las urnas y esto es lo que venimos a recordarle a la tiranía", aseguró.

Los gobernadores de Beni y Tarija encabezaron marchas masivas el jueves y el viernes y hubo paro de actividades. García Linera interpretó el hecho como "una actitud de confrontación" a la que el gobierno "responde con autonomía, legalidad y transparencia y quien le tiene miedo a la transparencia se vuelve un provocador".