El Concejo sancionó esta mañana una ordenanza que se presenta como una de las más importantes del año: aprobó el mensaje Nº 1 del Ejecutivo por el cual se adhirió al “Programa solidario e integrador de desagües cloacales” (creado Ley Provincial Nº 13.241), que implicará la expansión de la red de desagües cloacales en toda la ciudad de Santa Fe, donde el 35 % de sus habitantes no cuenta con ese servicio básico. Ahora, el programa buscará dotar de ese servicio en un plazo de 12 años (hasta el 2024), y con una inversión estimada en 362 millones de pesos, a unas 150 mil personas de 51 barrios del oeste y norte. Asimismo, el Cuerpo declaró la obra de ampliación de la red cloacal como una “política de Estado”.

Las obras que se enmarcan en el convenio firmado en enero pasado entre Aguas Santafesinas SA y la Municipalidad local incluirán la expansión de las redes, conexiones domiciliarias, infraestructura básica, conductores principales y estaciones de bombeo. La financiación se realizará con aportes de la provincia, mediante los recursos provenientes de un “cargo solidario” a aplicar a todos los usuarios de agua potable -esos cargos tendrán un tope de hasta un 10 %-. Se creará un fondo de afectación especial para la ejecución de las obras planificadas, donde se depositarán los recursos provenientes del cargo solidario y los provenientes de las contribuciones por mejoras que se ejecuten oportunamente.

Si se diera la paralización de las obras previstas por un período superior a los 12 meses, el Ejecutivo municipal podrá solicitar ante los organismos pertinentes la suspensión del cobro del fondo solidario, hasta tanto se reanuden los trabajos, dice la norma sancionada.

La porción del presupuesto global a afrontar por el sistema de contribución de mejoras será distribuido entre los padrones incluidos en las zonas que se verán favorecidas con las obras, obteniéndose un valor medio estimado en 3 mil pesos a pagar por cada beneficiario. Ese valor tiene en cuenta los casos sociales, en los cuales se adecua el monto de la contribución de mejoras por parte del padrón beneficiario de la obra. También se abrirá un registro de oposición a disposición de los interesados.

Además, se creará una comisión de control y seguimiento que observará el cumplimiento de la ejecución de las obras, y que estará integrado por tres representantes del Ejecutivo municipal y tres del Concejo. La comisión podrá invitar también a representantes de aguas santafesinas y de cada barrio involucrado.

Las opiniones

Los concejales del oficialismo y la oposición apoyaron en general el mensaje, aún con disidencias en el tratamiento en particular. Desde el oficialismo, Vanesa Oddi (FPCyS-PS) recalcó que este ambicioso plan redundará en una mejor calidad de vida de muchos santafesinos. Y subrayó la idea de trabajo conjunto: “Provincia proveerá los materiales, la Municipalidad llevará adelante los trabajos y los vecinos abonarán un porcentaje de las obras a través de contribución por mejoras. Esto es ‘poner el cuerpo’ entre todos, como habitualmente se dice. Éstas son políticas de Estado, se traducen en una realidad para los vecinos. Este servicio básico, que es más que nada un derecho, no tiene que ver con la salud solamente, sino también con la inclusión y la integración y la solidaridad. Estamos contribuyendo en achicar la brecha de desigualdades sociales”, ponderó.

Noelia de Chiementín (FPCyS-CC-Ari) puso el énfasis en la cuestión sanitaria: “Con el servicio de cloacas se garantiza un ambiente más sano, con menor exposición a las enfermedades.

Apostamos a un desarrollo social integral, a la búsqueda de las soluciones de quienes desde hace décadas sueñan con este servicio”.

Desde la oposición, los reparos vinieron desde el edil justicialista Ignacio Martínez Kerz: “Nos hubiera gustado contar con la información precisa de cómo se arriba al cálculo del presupuesto total de inversión (362 millones de pesos), cuánto se calcula que será el costo correspondiente a estudios previos, materiales, mano de obra, etc., y qué estimación se hará sobre el incremento de costos para un plazo de 12 años”, cuestionó en el recinto entre otros puntos. No obstante, la oposición en general apoyó la aprobación de la ordenanza.