El pedido que Epec cursó al Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) no fue cambiado en ninguno de sus puntos y de este modo las boletas de luz llegarán con un incremento del 28,9 por ciento en dos tramos: 15,9% desde este mes y otro 11,2% en febrero.

Pero si a eso se suma el último incremento aplicado por la empresa de energía provincial, que en enero implicó un alza del 14,5%, la suba en 13 meses rondará el 45%.

La aprobación final tomada ayer por el organismo de control llegó después de un empate en la votación de su directorio. Hubo tres vocales que se inclinaron por el rechazo al tarifazo y tres a favor, entre ellos el del presidente del cuerpo, Rody Guerreiro, que fue finalmente quien inclinó la balanza porque al haber igualdad su sufragio valió doble.

Luis Arias, vocal por el oficialismo, defendió la decisión y señaló que “el informe técnico con el que Epec justificó el pedido de aumento de tarifa es impecable; por el contrario, los que cuestionan no ofrecen una sola objeción técnica valedera; sobran posicionamientos políticos”, dijo Arias.

Sin embargo, desde la oposición llovieron las críticas al tarifazo. “Lo primero que debemos destacar es que tuvimos el informe a las 18 del día anterior a la votación. Pero sin dudas faltó información objetiva más allá de la suministrada por Epec y no hay consistencias en el pedido de la información”, remarcó el vocal radical del Ersep, Alberto Castagno.

Además, otro cuestionamiento central fue que en el análisis de la gerencia técnica del organismo de control no se tomaron en cuenta observaciones realizadas por los usuarios en la audiencia pública.­­

Pero la observación central hizo foco en los fundamentos que presentó la empresa para solicitar la suba. Según los vocales opositores, los costos de la empresa están compuestos en un 50% por la energía comprada en el mercado eléctrico mayorista cuyo valor, subsidiado por el Gobierno nacional, se mantiene sin cambios en los últimos dos años. De la otra mitad de los costos, insistió la oposición, el 80% corresponde a los salarios, que entre junio de 2009 y julio de este año mejoraron un 30%. A eso se sumó un 5% adicional por el incremento de personal.

“Si el mayor costo viene dado por el mayor gasto en personal y por la ineficiencia en el manejo de la empresa, el financiamiento debe ser necesariamente otro distinto al aumento tarifario. No se puede compensar la ineficiencia en el manejo sacándoles más plata a los usuarios. El bolsillo de la gente no puede ser la rueda de auxilio de la ineficiencia administrativa”, cuestionó Castagno.

Más críticas

Por su parte, Juan Pablo Quinteros, vocal del Frente Cívico, señaló que “hay que ser serios, lo que se debe encarar con las empresas que este ente debería controlar es lo que se denomina revisión tarifaria integral. Éste debe ser el paso previo a cualquier análisis de incremento tarifario. ¿Qué es una Revisión Tarifaria Integral?, es un mecanismo que se utiliza para establecer tarifas en base a una empresa ‘modelo eficiente’. Para ello deberíamos introducirnos en los números reales de la empresa y determinar en dónde está parada financieramente, es decir, cuánto debe, en cuánto se está endeudando, cuánto gasta, cuánto pierde, en qué pierde, cuáles son sus nichos de corrupción, etc.”. El vocal juecista agregó: “Una vez que nosotros tengamos expuesta esta realidad estaremos en condiciones de analizar las verdaderas motivaciones de los pedidos tarifarios”.

Por último Quinteros dijo: “Si cada pedido de aumento se hace para tapar agujeros negros de una empresa a la deriva, los usuarios lo que terminan pagando es un impuesto directo a la ineficiencia y al negociado”.

Por último, Rody Guerreiro se excusó al ser consultado por este medio y prefirió no referirse a la votación del Ersep que ayer definió el tarifazo.