El miembro informante el senador Juan Francisco Maita (Molinos-PJ) sostuvo en la sesión del jueves, que esta ley provincial se complementa con el decreto nacional Nº 936 que emitió la presidenta Cristina de Kirchner el año pasado, por el cual se elimina el rubro 59 de oferta sexual en los diarios. En esa oportunidad la primera mandataria dijo que "la oferta sexual del rubro 59 es un delito y una profunda discriminación a la condición de la mujer como tal".

Maita señaló en el recinto que "existen avisos clasificados engañosos, capciosos y en el que por lo general algunas mujeres que buscan trabajo son llevadas al sur del país para explotarlas sexualmente". "Esta ley busca prevenir estos hechos y se relaciona con la ley nacional 26.264 de prevención y sanción de la Trata de Personas, que además asiste y protege a las víctimas".

Sostuvo que resulta necesaria esta legislación que previene y protege a víctimas de la redes criminales de Trata. "Contribuirá a las acciones y la política que lleva adelante el gobernador Juan Manuel Urtubey en la materia". Consignó que "el Gobierno Provincial por tal motivo dispuso la creación de la División Trata de Personas en el ámbito de la Seguridad, que ha dado al momento resultados óptimos.

En los articulados de la ley se establece que "los medios de comunicación están obligados, en todos los casos a solicitar a quienes publiquen avisos clasificados, que acrediten su identidad y domicilio ante la oficina receptora, mediante la presentación del documento nacional de identidad, y acta poder en el caso de personas jurídicas. Acreditada la identidad del usuario, las agencias receptoras pueden arbitrar los medios necesarios a fin de operar, a través de Internet o por vía telefónica, otorgando un número de usuario y clave personal, garantizando la inviolabilidad del sistema. Los datos identificatorios -protegidos por la Ley nacional Nº 25.326- deben ser conservados por los medios de comunicación por el lapso de cinco años y ponerlos a disposición de la Justicia cuando ésta lo requiera. Ante incumplimiento a la ley, habrá multas de 500 a 10.000 pesos. La suspensión de hasta cinco años de publicación oficial del Gobierno y la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales que gozare. Se fijó que la autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Comunicación, que debe trabajar en forma coordinada con el Ministerio de Derechos Humanos.