La legislatura tratará hoy el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que extiende la licencia por maternidad y paternidad a los empleados públicos, docentes y agentes de seguridad. Se trata de la iniciativa que unifica en 180 días el tiempo de licencia para madres y eleva a 8 la cantidad de días para los padres.

Éste fue el anuncio central del gobernador Juan Schiaretti en el inicio del período legislativo y si bien tuvo el apoyo de las principales fuerzas políticas, todos plantearon sus cuestionamientos respecto de la aplicación del proyecto.

Ayer se debatió entre las comisiones de Legislación General y del Trabajo, e incluso contó con la presencia de representantes de los gremios y especialistas en la materia.

En tanto en la mañana de hoy tendrá lugar una última reunión para terminar de ver los detalles del texto.

Qué dice el proyecto

Según le explicó a PUNTAL el legislador de Unión por Córdoba Orlando Sella, que integra la comisión de Legislación del Trabajo, “concretamente se refiere a extender el plazo de 90 días a 180 para las dependientes de los tres poderes del Estado y de 6 días a 8 para los padres. Si hubiera algún sector de la administración pública que tuviere un régimen más beneficioso, obviamente va a regir ése. En segundo lugar, se va a invitar a adherir a la ley a los municipios de la provincia. Por ahora no se incorporan las entidades autárquicas como el Banco de Córdoba y la EPEC. Lo central de la ley es la ampliación del plazo”.

Respecto de los hijos adoptivos o las parejas homosexuales, Sella explicó que “en el caso que fueren los dos empleados públicos se va a aplicar según la ley nacional que ha sancionado la disposición. Porque para registrar un nacProxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 iento en el Registro Civil se determina quién es el padre y quién la madre. Se va a seguir ese criterio”, explicó.

La oposición apoyará con críticas

Para la oposición primó el apuro político del oficialismo sobre el debate del texto. La principal crítica gira en torno al poco tiempo de debate que tuvo el texto, considerando que se aprueba 23 días después de anunciado. De todos modos, piensan acompañarlo, ya que rechazarlo sería una afrenta a los trabajadores en un año electoral.

“En principio vamos a acompañar pero con críticas. Al derecho de los compañeros en ese sentido obviamente vamos a avalarlo, lo que no compartimos es el apuro, la falta de un análisis profundo de una norma que debiera beneficiar y no generar algún tipo de discriminación”, explicó el legislador del Frente Cívico y presidente de la comisión de Trabajo Augusto Varas.

“En realidad el proyecto de ley, más allá del anuncio que fue el 1 de febrero, ingresó en la sesión pasada. Se analizó una sola vez, y hoy (por ayer) nos encontramos con que, después de la reunión de la semana pasada con argumentos que no son sólidos, que lo vamos a tratar porque la mayoría de los interesados están de acuerdo con la normativa, como si eso fuera el análisis profundo, la consideración del espíritu de la ley”, agregó Varas.

El radicalismo incluso elaboró un despacho propio para presentar otro proyecto similar, aunque con algunas diferencias, pero decidieron que acompañarán el del oficialismo pero con críticas.

“No compartimos para nada la metodología de tratamiento que ha tenido. La semana pasada se dijo que íbamos a tener no menos de dos reuniones de comisión en donde se iba a discutir el tema. Y va a salir con esta metodología a la que nos tiene acostumbrado el oficialismo”, dijo el presidente del bloque de la UCR Hugo Pozzi.

Para Pozzi, el gobernador quiso captar la atención de la opinión pública y de esta forma desviar el eje del debate en torno a la demolición de la Casa de Gobierno. “Consideramos que es una cuestión totalmente demagógica. Lo anuncia el gobernador en la apertura de sesiones cuando todo el mundo estaba centrado en la demolición de la Casa de las Tejas y la construcción del centro cívico. Con este anuncio distrajo la opinión pública con un proyecto de ley que, prácticamente a lo único que modifica es el escenario de licencia es a los docentes, porque los empleados públicos tienen 120 días hábiles. En el texto que pudimos ver, no estaban incorporados los empleados jerárquicos, ni los del banco, ni EPEC, ni las agencias”, señaló.