Si bien en ese porcentaje se incluyen avances importantes respecto de la normativa electoral previa a 2007 (por ejemplo, la eliminación del tramposo sistema de sumatoria o de “boletas colectoras”), algunos de los retoques aprobados el miércoles último en la Unicameral provocaron críticas no sólo de la oposición, sino también de algunos de los expertos convocados en su momento por el gobernador.

Es que la suspensión provisoria de los cambios introducidos en 2008 para controlar el financiamiento público y privado de los partidos y de las campañas, más allá de las causas esgrimidas (la supuesta imposibilidad de las autoridades judiciales de aplicar el nuevo sistema), implicó un grave retroceso.

Algo similar ocurrió con la reglamentación de la boleta única de sufragio, en cuyo diseño insertaron un casillero más grande que puede llegar a inducir un voto “menos reflexivo” por parte del electorado, como calificó un politólogo a la “trampita”.

Además, el oficialismo impulsó con sorprendente energía el mecanismo de voto electrónico, siempre de la mano de la empresa multinacional Indra SA, a pesar de que esta herramienta tecnológica no figuró entre las propuestas con mayor consenso de la Comisión de Expertos.

Resultados. Así no va más, el informe final del grupo de trabajo que integraron Daniel Zovatto, Carolina Scotto, Rafael Velasco, Hugo Píttaro, Antonio María Hernández, Pedro Yanzi Ferreyra, Jorge Gentile, Mario Riorda y Claudia Laub, resumió sus propuestas en dos grandes grupos: las que podían llevarse a cabo simplemente mediante la aprobación de nuevas leyes y, por otro lado, las que requerían una reforma parcial de la Constitución provincial.

Además, las ordenaron según el grado de consenso que cada propuesta recogió entre los miembros de la Comisión.

De las 35 proposiciones con alto consenso que podían llevarse a cabo mediante proyectos de ley, se terminaron aprobando 16, aunque una de ellas (la referida al control sobre el financiamiento privado de los partidos y las campañas) fue suspendida provisoriamente el miércoles pasado, para la próxima elección de gobernador.

Las 17 propuestas de reforma que requerían la modificación de la Constitución provincial (12 con alto consenso en la Comisión y cinco con consenso medio) fueron ignoradas.

Entre lo que se aprobó, se destaca: la incorporación de la boleta única, la eliminación de la sumatoria, la regulación de la duración y de cierto contenido de las campañas electorales, y de las encuestas boca de urna; el voto de los extranjeros; se mejoró el régimen de los partidos políticos y se creó, aunque no mediante reforma constitucional, un fuero electoral.

Por el contrario, el oficialismo dejó de lado todas las propuestas que requerían reforma constitucional y otras que eran posibles con la sola aprobación de nuevas leyes o modificaciones normativas. Por ejemplo: fijar por ley fecha fija de la elección provincial; prohibir la convocatoria a elección provincial en la misma fecha que la nacional; limitar el transfuguismo político; fortalecer el funcionamiento del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) y de la Fiscalía de Estado; crear un documento de identificación electoral; reformar el régimen de sanciones para los que no votan, y prohibir reelecciones indefinidas de intendentes, entre otras.

Críticas. El rector de la Universidad Católica de Córdoba, Rafael Velasco, el constitucionalista radical Antonio María Hernández, el politólogo Mario Riorda y la titular de El Ágora Claudia Laub se manifestaron desilusionados con los resultados. Otros miembros de la Comisión de expertos, como Pedro Yanzi Ferreira, Hugo Píttaro y Jorge Gentile, no respondieron los llamados de este diario. El ex presidente de la Comisión, Daniel Zovatto, y la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, prefirieron no opinar.

Zovatto, un experto que siempre ha sido cuidadoso de sus relaciones políticas e institucionales, no estaría conforme con lo ocurrido, según confiaron algunos de sus ex compañeros. Sobre todo porque no se habría generado uno de los principales presupuestos de la reforma política que impulsaron los expertos; esto es, la búsqueda de los consensos posibles.

De Scotto, sólo se pudo obtener la negativa de su vocera, quien dijo que desde que expiró la Comisión Consultiva, la rectora no habló más de la reforma política.