El tema central de la noche fue el proyecto del fondo para ampliación de la red de gas y conexiones domiciliarias. El otro tuvo que ver con la decisión de volver a comisión el proyecto de ordenanza que establecía la adjudicación y contratación de la empresa Sistemas Ambientales SA para la operación de la Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos de Olavarría. El oficialismo no pudo evitar el pase a comisión, perdió la votación y luego hubo algunos enojos porque no se les permitió hablar. Tanto fue así que Julio Frías amagó en un momento con retirarse, se levantó de su banca, tomó el attaché pero luego volvió a sentarse tras una sugerencia de su par de bancada, María Irene Blanco. Todo parece indicar que las sesiones tendrán de aquí a octubre esta impronta emocional y dicotómica.

En el primero de los temas, Gonzalo Dolagaray hizo una cronología de los hechos para llegar a preguntarse por qué el proyecto de su bloque había estado durante todo un año durmiendo en los cajones de las comisiones hasta que "apareció un decreto de (Julio) Alem que no sé...", y dejó flotando una especie de duda.

Anticipó algunas modificaciones de Alvarez, quien rápidamente pasó a explicarlas. El edil del PI citó una ordenanza de 1986 por la que se creó el fondo especial para obras de ampliación de gas, que fue ni más ni menos que ese 8% que todos los usuarios pagan en la factura de gas. Esto pasó a tener otro destino, esto es, el fondo para pavimento, cuando el gobierno de Menem privatizó el servicio de gas. Es decir, puntualizó Alvarez, en la Fiscal e Impositiva de 1995 se le cambió el destino. Se supuso, por el modelo neoliberal de la década, siguió el concejal, que el mercado le daría el servicio. "Los sectores de menores recursos no lo van a tener nunca a través del mercado sino del Estado", dijo, plasmando una cuestión ideológica.

A modo de apretada síntesis, Alvarez introduce algunas variantes luego aceptadas por el bloque generador del proyecto. Propone que el fondo no sólo sea para conexión sino para ampliación, recuperar ese 8% para obras de gas y lo hace más explícito aún al modificar aquel artículo de la Fiscal e Impositiva con ese objetivo. Remarca su apoyo al proyecto de la CC y dice por qué: "no sólo se trata de restituir el origen de la contribución sino también ampliar el destino. Creo que las normas sancionadas con forma de ley (ordenanza) son de una calidad superior a los decretos".

María Irene Blanco (Frente para la Victoria) le reprocha no haber contado con esa información, esto es los aportes, dice que "las obras están en marcha", y que "estamos satisfechos con el decreto". El debate se extiende un poco más, se vota y el oficialismo pierde la votación con el acompañamiento de Julio Alem, el PRO y el Peronismo Federal.

La ordenanza quedó en pie, con los aportes del PI, y en un plazo de diez días habría dos normas en el mismo sentido, aunque con mucho más peso la primera. ¿La vetará el Ejecutivo?

El otro tema, la adjudicación de residuos patogénicos, fue planteado por el Frente Coalición Cívica y con un tono de escándalo. Se tiraron algunos números como para graficar, y fue Ernesto Cladera quien señaló algunos: "la información que tenemos dice que la empresa les cobrará a las clínicas privadas 35 pesos por caja, que sería la unidad de medida, mientras que a los laboratorios el precio sería de 70 pesos por caja, y a la Municipalidad, que aporta unas 1.800 cajas mensuales, el valor por unidad será de 49 pesos", algo que le pareció absurdo y que lo empujó a una ironía: "por qué no le encargamos a quienes negocian el precio para las clínicas privadas porque por ahí nos consigue precios sensiblemente menores".

Plantearon además problemas legales y que la empresa contratada sólo podía hacer tratamientos de autoclave y no pirolíticos. El resto fue previsible y el proyecto fue a comisión para un debate más profundo.