La decisión de la Justicia de primera instancia de procesar a diez policías del Servicio Penitenciario por presuntos apremios ilegales durante el control de un motín en agosto pasado dejó en una incómoda posición al ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, quien había respaldado la labor de los efectivos en ese caso.

La primera reacción del Gobierno ante la revuelta de presos ocurrida el 28 de agosto de 2010 había sido categórica respecto de los supuestos abusos policiales.

El propio Aramburu declaró la emergencia del Servicio Penitenciario en el ámbito de la Alcaidía de Ushuaia para “para readecuar a la brevedad el pabellón donde ocurrieron los incidentes”, pero también dispuso el inicio de una instrucción sumaria para investigar a los agentes durante el manejo del motín.

Incluso el ministro anunció por gacetilla oficial la separación del cargo del responsable del operativo, aunque horas después dio marcha atrás y dijo que había que esperar el resultado de la investigación antes de tomar medidas.

Por esos días, Aramburu hizo pública también la “teoría policial” sobre los hechos, según la cual, la desmedida intervención de los efectivos penitenciarios habría tenido lugar en virtud de un supuesto intento de fuga.

“De la inspección ocular se observó unos barrotes desprendidos. Esto motivó la intervención de la policía científica para recabar elementos probatorios, cuyo informe aún no tengo. Lo mejor es dejar de especular y esperar los resultados de la investigación”, indicó en un reportaje concedido a FM del Sur.

También se preguntó “en qué unidad de detención del país no ha tenido este tipo de inconvenientes. Sostener que esto se pudo haber previsto, es algo que determina el sentido común. Pero estos hechos son menores a los que suceden en el resto del país”.

El caso

Luego de seis meses de investigación, la jueza María Cristina Barrionuevo determinó ahora que existen indicios para presuponer el delito de “apremios ilegales” perpetrado por diez policías de la Alcaidía contra veinticuatro reclusos.

Según la Justicia, los abusos se cometieron cuando el motín ya había sido controlado, y los presos se encontraban atados boca abajo en el suelo.

Las pruebas indican que los azotaron en distintas partes del cuerpo y sobre todo en los pies, además de arrojarles agua fría desde un tacho de pintura usado como balde.

Por su parte otros tres uniformados fueron procesados por no haber denunciado el hecho.

Ante la jueza, los efectivos negaron cualquier tipo de exceso en su accionar, aunque numerosos testigos dijeron haber visto el modo en que se desarrollaron los acontecimientos.

Según la hipótesis judicial, los disturbios se desencadenaron cerca de las 8 de la mañana, cuando cinco uniformados ingresaron al Pabellón 1 de la Alcaidía, ubicada en la esquina de Deloqui y Lasserre, para trasladar al interno Luis Alberto Coñocar a la Unidad de Detención de Río Grande.

En ese momento, varios presos salieron de sus celdas y comenzaron a interrogar a la policía o a cuestionar la medida, lo que originó una discusión cuya intensidad fue creciendo con el transcurrir de los minutos.

Después, un grupo de agentes penitenciarios intentó ingresar nuevamente al pabellón y los detenidos se lo impidieron, al mismo tiempo que colocaron en ambas puertas de ingreso al lugar, distintos elementos como mesas, camas y todo tipo de mobiliario.

En ese momento el ambiente comenzó a cargarse de humo, producto de la quema de algunos de esos elementos, a la vez que se escucharon los primeros disparos de balas de goma.

El personal policial logró ingresar al pabellón sin dejar de efectuar disparos, mientras los bomberos tiraban gran cantidad de agua desde el exterior y los internos, ya acorralados, se replegaron al interior de las celdas.

De acuerdo a los investigadores, en ese punto “los incidentes podían considerarse finalizados” ya que la Policía retomó el control del edificio.

Abusos

No obstante, los funcionarios penitenciarios habrían continuado “efectuando disparos con munición de goma” a la vez que los presos habrían sido obligados a “arrastrarse por el piso mojado, a la vez que los golpeaban en la cabeza, en la espalda y en el resto del cuerpo”.

Después los separaron en dos grupos, uno de 14 internos y otro de 10. El primero fue llevado a una sala en el mismo piso, y el segundo a la planta baja de la Alcaidía.

Allí, alguien habría dado la orden común de colocar a los internos boca abajo en el piso, donde “les ataron las manos con precintos, les quitaron el calzado, les taparon la cabeza con mantas, les arrojaron agua fría y comenzaron a golpearlos con palos, especialmente en la planta de los pies, talones y tobillos”, mientras “un oficial los invitaba a pelear”.

Algunos de los presos denunciaron haber sido rociados con gas pimientas en el rostro, y otros, haber sido orinados en la cabeza por uno de los uniformados.

Según investiga la Justicia, el castigo se extendió hasta pasado el mediodía en que comenzaron a llegar al lugar funcionarios del Gobierno y de la propia Justicia, como el jefe de defensores públicos, Gustavo Ariznabarreta, quien luego declaró que jamás había visto una situación semejante.