La provincia de Tucumán ya se constituye como una de las pioneras en instaurar una norma tendiente a la regulación del mercado interno y comercialización del azúcar a raíz de la homologación que la Legislatura, de forma unánime, le imprimió a la Ley que tiene como objetivo garantizar la exportación del excedente de la materia prima por parte de los ingenios y así descomprimir la sobreoferta interna lo que causó, a su vez, una depreciación del endulzante.

Así, los parlamentarios, a lo largo de las alocuciones efectuadas en casi las cinco horas que demandó el debate en la sesión extraordinaria desarrollada en la jornada de ayer, justificaron la necesidad de dicha iniciativa con el objeto de amparar a uno de los factores que estarían siendo los más perjudicados en toda la cadena de producción, como lo son los pequeños y medianos productores cañeros.

Si bien es cierto que la ley contó con el apoyo total de las diversas bancadas, los refractarios al alperovismo elevaron algunas modificaciones a aplicar en determinados artículos, lo que fue descartado por el oficialismo que no aceptó trastocar el dictamen redactado por la Comisión de Economía, presidida por Guillermo Gassenbauer.

Justamente, el alperovista, como miembro informante, fue el primero en destacar las cualidades del proyecto que se encuentra inmerso en una situación conflictiva del sector debido a la crisis desatada en el mismo por los manejos que se concretaron en la actividad. En tal sentido, Gassenbauer indicó que en el año 2011 y a raíz de los bajos precios registrados en el mercado interno se perdieron cerca de 1.200 millones de pesos "afectando la recaudación del Estado provincial como así también perjudicando el ingreso de los cañeros", sostuvo.

Al respecto, resaltó que en los últimos años se pasó de 221 a 233 mil hectáreas cultivables de caña lo que se traduce en una mayor producción zafrera "por lo que si no hay quien imponga las reglas, el problema será mayor". Graficó, asimismo, que en la actualidad existen 300 mil toneladas de sobrante de azúcar a lo que deben agregarse los de la zafra por comenzar, siendo que el resultante ascendería a 900 mil toneladas a fines de 2013.

"Si no se exporta, los precios bajan y de esta forma los ingenios trabajarán a pérdida, es así que nos preocupa el tema social del empleado y del obrero que sufrirán despidos y una zafra más corta", argumentó Gassenbauer.

Paralelamente, cargó contra la actitud asumida por la pata industrial, a la que consideró como la principal responsable del contexto preocupante que debe afrontar el sector. "Ninguno de los ingenios cumplió con la pactado en su momento ante el propio gobernador José Alperovich para exportar, siempre utilizaron excusas más o menos creíbles. Debemos dejar de lado mezquindades políticas y empresariales y acompañar la iniciativa para que esta industria madre vuelva a florecer", culminó el oficialista ante el aplauso de gradas repletas por referentes de las entidades que agrupan a los cañeros.

En razón de esto último, vale indicar que a la sesión asistieron el secretario general de la Federación de Obreros y Tabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA), Roberto Palina, el titular de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), Sergio Fara, el ministro de Desarrollo Productivo Jorge Feijóo, el representante de la Federación Agararia de Tucumán, Miguel Pérez, el diputado nacional Adrián Santillán, entre otros.

La ley dispone la creación del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán para la regulación del sector, que estará a cargo de un Directorio integrado por seis miembros designados por el Poder Ejecutivo: dos representantes de este poder, dos por los ingenios azucareros y dos referentes de los cañeros, todos con sus respectivos suplentes.

Este punto fue el que mayor polémica desató, debido a que la oposición solicitó modificar la composición del ente con la finalidad de que en el mismo intervengan todas las entidades cañeras (UCIT, CACTU, Cañeros Unidos del Sur y la Unión de Cañeros del Este). Planteo que no prosperó, aunque desde la bancada justicialista se informó que uno de los representantes del PE será el titular de FOTIA.

Uno de los que llevó la batuta de los cambios fue el legislador radical Roberto Sánchez, quien elevó un dictamen en minoría. El concepcionense resaltó que "se asumió el problema, pero varios meses después y cuando la bomba estaba activada. Hoy estamos por votar en busca de salvar esa impotencia que ha demostrado el Gobierno para hacer acatar las decisiones consensuadas".

Añadió, asimismo, que "es evidente que lo que está en discusión es el poder de policía del Estado para accionar contra algunos inescrupulosos que se burlan de los productores y del Gobierno". En tanto que instó a la sanción de una ley nacional que regule la actividad. Por este motivo al final de la sesión, a través de un proyecto de resolución el parlamento se dirige al Poder Ejecutivo Nacional para que avance en tal fin.

La también correligionaria Silvia Elías de Pérez cargó contra los industriales al no ser capaces de exportar lo que se había prometido. "En algún momento tendrán que responder por lo que han hecho, llevando a una indefensión absoluta al pequeño cañero con el destrato al que lo expusieron".

Por su parte, Gregorio García Biagosch reconoció que "no hay leyes mágicas, pero trampas sí. Por eso es importante el compromiso de todos los factores involucrados", reflexionó.

Uno de los que elevó otros cuestionamientos a la administración alperovista, más allá de apoyar la medida, fue Federico Romano Norri (UCR) quien señaló que "me preocupa que el Gobierno piense que con la ley se solucionarían todos los problemas, ya que fue el propio gobierno quien en un principio los minimizó. Ya es un poco tarde el debatir esta ley".

Finalmente, consideró que para garantizar el cumplimiento de lo determinado por la norma en cuestión, "la AFIP, ya que tanto le gusta actuar como la Gestapo, debe estar en la puerta de los ingenios para terminar con la compra a precio vil en perjuicio del productor", indicó Romano Norri.

El legislador que le puso nombre y apellido a quien sería uno de los responsables de la situación de crisis a la que se arribó en la producción sucro-alcoholera, fue el radical Ariel García. "El nuevo perro familiar de Tucumán, se representa en la persona del industrial (Jorge) Rochia Ferro, un irresponsable e inescrupuloso que además contamina canales y ríos", bramó.

Gerónimo Vargas Aignasse fue uno de los oficialistas que propuso cambios a la norma y consideró que "una cantidad de abogados se abocarán a la ley tratando de evitar las multas que estipula, por lo que la norma debe ser impermeable a la críticas y objeciones jurídicas".

Características de la norma

* Se declara de interés público provincial la producción sustentable de azúcar y de alcohol elaborados a partir de la caña de azúcar.

* Los objetivos de la ley tienden a arbitrar medidas que permitan proveer el abastecimiento del mercado interno nacional de azúcar y alcohol, como así también estimular la producción de alcohol elaborado a partir de la caña de azúcar.

* Se persigue, además, fomentar la exportación de los saldos de azúcar y alcohol no destinados al mercado interno.

* Se instaura en la Provincia un Sistema de Depósito de Azúcares que alcanzará a los ingenios azucareros y productores cañeros. La garantía se constituirá mediante el depósito, en los almacenes fiscales, de la cantidad de azúcar producida por cada ingenio que deba destinarse a exportación o producción de alcohol no proveniente de melaza.

* En el supuesto de que no se cumpliere en tiempo y forma con la constitución del depósito en garantía, la Autoridad de Aplicación intimará a regularizar la situación en un plazo de cinco días corridos. Vencido ese plazo se dispondrá el secuestro preventivo de las cantidades de azúcares liberados.

* Las infracciones serán reprimidas con sanciones o multas equivalentes desde dos a 10.000 bolsas de azúcar blanco común tipo A de 50 kilogramos. Además, los ingenios que ocultaren azúcares frustrando la posibilidad de un embargo preventivo serán sancionados con una multa de una a cinco veces el valor de la cantidad de azúcar ocultada. A su vez, se podrá disponer de una inhabilitación para funcionar a ingenios y destilerías de alcohol, de uno a 15 días.