En este sentido, Baragiola señaló que éstos “han hecho aportes fundamentales para lograr su modernización y adecuación a las necesidades actuales”, pero ahora “se encuentran con políticas de generación eléctrica que afectan la seguridad del trabajo, poniendo en riesgo no sólo a los trabajadores sino también a la comunidad”.

En esta línea, describió que se instalaron tanques de combustible, “peligrosamente cercanos a los grupos, madejas de cables conductores de alta tensión, desparramados sin orden en los pisos y pasillos, transgrediendo toda norma de Seguridad vigente”.

Asimismo, la concejal enfatizó en la denuncia del sindicato acerca de las instalaciones dispuestas hoy en la Central ya que “generan la posibilidad de una precariedad permanente y constituyen un peligro real desde el punto de vista de las normas de seguridad”.

La radical agregó que esta situación “encarece innecesariamente el valor del Kwh., contamina exageradamente en relación a la cantidad de energía que producen y pone en riesgo el servicio interno de la Central”.

En cuanto a lo anunciado hace algunos años por el Gobierno nacional, Baragiola relató que, a través de una licitación pública, se invitó a empresas especializadas a presentar propuestas “para el diseño, provisión, construcción, montaje y puesta en marcha de un ciclo combinado de 160 y 170 megavatios de potencia para la central marplatense 9 de Julio”.

En la misma se estableció que la instalación de dicho ciclo incluiría una turbina de gas y otra de Vapor con su respectiva caldera de recuperación, instalaciones auxiliares, obras de infraestructura y transformadores eléctricos. En las condiciones de la licitación, el plazo final para la instalación de la turbina de gas a ciclo abierto y el cierre del ciclo combinado, fue fijado para septiembre de 2008.

Por otra parte, Baragiola agregó que, para ambas centrales, se licitaría además la construcción de plantas de agua desmineralizada y provisión de transformadores eléctricos y todas las obras de infraestructura que las instalaciones requiriesen.

En tanto, la ley 15336 en uno de sus artículos especifica que “el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior será administrado por la Secretaría de Energía y Combustibles” y se aplicará a distintas cuestiones. Entre ellas, para otorgar préstamos a municipalidades, cooperativas y consorcios de usuarios de electricidad para sus obras de primer establecimiento, construcción y ampliación de centrales, redes de distribución y obras complementarias.

En este contexto, la presidente del bloque radical destacó la necesidad de la repotenciación de la Central y solicitó que se tomen en cuenta las propuestas del Sindicato “para la solución del problema y se utilice personal ya capacitado en nuestra ciudad” para llevar adelante las tareas.