Se trata de María Eugenia Catalán y Gabriel Peñaloza Iturralde, quienes oficiaban como prestadores de la obra social estatal hasta este martes, ya que la administración de la entidad dispuso separarlos en forma definitiva de esa función porque ambos fueron denunciados por facturar mediante la falsificación de órdenes médicas, hecho que habría sido comprobado. Pero hay otro aspecto más grave aún y es que el hombre involucrado es el actual titular del Colegio de Bioquímicos de La Rioja.
Ambos habían sido denunciados por facturar mediante la falsificación de órdenes médicas. Uno de los involucrados es el presidente del Colegio de Bioquímicos de La Rioja.
Una denuncia por estafas reiteradas en contra de dos profesionales bioquímicos inició una investigación administrativa que concluyó con una resolución dispuesta días atrás.
La resolución -la número 0268-, rubricada por el administrador general, Federico Bazán, dispuso “separar de forma definitiva a los profesionales Gabriel Peñaloza Iturralde y María Eugenia Catalán como efectores y/o prestadores de esta obra social”.
Más grave resulta el caso si se tiene en cuenta que Peñaloza Iturralde es el actual presidente del Colegio de Bioquímicos de La Rioja.
Según se supo, las denuncias habían sido realizadas ante APOS, separadamente, por los médicos Aníbal Miguel Asís y Carlos Parisi. El primero se desempeña en el hospital “Enrique Vera Barros” y en una clínica privada. En tanto, como se sabe, Parisi ocupa la titularidad del Cucailar (Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante de La Rioja).
Como pruebas, en la investigación se adjuntaron copias de las órdenes irregulares que figuraban como prescriptas por los denunciantes.
Ambos médicos, según se conoció extraoficialmente, negaron haber emitido tales prácticas. Tampoco reconocieron los sellos ni haber firmado las órdenes.
Según el dictamen de la Asesoría Letrada -número 4828/10-, los descargos realizados por los demandados “no desvirtúan, sino que prácticamente reconocen la existencia de los hechos irregulares detectados”. Sobre esto, señala que los bioquímicos delegaron la responsabilidad en la secretaria, quien se encontraba ausente de la Provincia.
“Los hechos constatados por la Auditoría han significado una deficiencia en la prestación bioquímica, por cuanto ellos constituyen una estratagema con la intención de lograr un beneficio patrimonial indebido, a costa de perjudicar a la obra social”, refleja la resolución.
Según explica, esta estratagema consistiría en facturar prestaciones, en apariencia verdaderas, pero cuya realización fue después desmentida por los pacientes y los médicos presuntamente prescribientes.
Más allá de la resolución tomada por APOS, trascendió que el caso podría ser denunciado ante la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia, ya que comprende un delito penal.
Ambos médicos damnificados se habrían constituido en parte querellante de la causa, que aún no tomó ribetes judiciales. Según trascendió, el médico Asís estaría siendo representado por su hermano, el abogado Aldo Asís.
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