Casualidad o no, durante la semana pasada, el Poder Judicial hizo algunos aportes como para aliviar la reinante sensación de impunidad cuando de delitos de guante blanco se trata: el exfuncionario municipal Pascual Silvio Amoresano quedó tras las rejas por enriquecimiento ilícito y Santiago “Patucho” Álvarez ingresó en el tramo final del juicio oral y público por el mismo caso.

El primero sufrió en carne propia lo que le sucedió a Sergio David, aunque en este caso el exfuncionario marinista ya goza de su libertad: los jueces de la Corte Suprema de Justicia le dedicaron cuatro líneas para rechazarle el recurso presentado por Amoresano debido a que no cumplió con un requisito formal.

La denegación de la queja fue firmada el 9 de abril de este año. A partir de ahí, esta vez la celeridad, por suerte, fue distinta: el 10 de abril, se produjo la notificación a su abogada, Mirta Brown, y cinco días después el propio Amoresano se tuvo que entregar en la Seccional Tercera. Unas horas más tarde, fue trasladado a la Comisaría de Winifreda, lugar de paso de los detenidos previo a su alojamiento en la Unidad Nº 4.

Amoresano fue condenado el 8 de junio de 2011, por la Cámara del Crimen Nº 1 a tres años y medio de prisión e inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos. Y ordenó el decomiso de 223.243 pesos ajustados. Además, se lo condenó por omisión maliciosa de datos en sus declaraciones juradas. La sentencia coincidió con la pena que había solicitado el fiscal Jorge Marcelo Amado.

La CSJ también declaró “inadmisible” otro recurso de queja presentado por “Patucho” Álvarez contra la elevación a juicio de la causa que lo tiene como protagonista desde hace más de diez años. La novedad se conoció durante la semana pasada, pero -casi como un preludio- tiene como fecha el 9 de abril, el mismo día que se le denegó el planteo que mandó a Amoresano a la cárcel.

Ahora sí la Cámara del Crimen de Santa Rosa deberá resolver la apertura a prueba de la causa de “Patucho”. Y después se definirá la fecha del juicio oral y público, que podría ser el año que viene.

Álvarez fue procesado en noviembre de 2011 por el Tribunal de Impugnación Penal. El caso ingresó en apelación a la Corte Suprema de Justicia el 4 de abril de 2012 y, desde entonces, tuvo un lento recorrido.

La causa se inició para investigar el presunto enriquecimiento ilícito entre 1983 y 2002 de Álvarez. “Habría incrementado de manera apreciable su patrimonio, no justificando este aumento en momentos en que le fue debidamente requerido por la autoridad competente”, explicó el juez Daniel Ralli al procesarlo. Ahora, la posibilidad de uno de los debates más esperados por la opinión pública parece más concreta y real.

En definitiva, Amoresano y Álvarez no dejan de ser dos meros eslabones de una larga cadena que estuvo en manos de un aceitado sistema con privilegiados conductores que dejaron hacer, o que incluso miraron para otro lado durante cada acto de corrupción, mientras la provincia en su conjunto padecía los peores índices económicos y ellos se llenaban los bolsillos a dos manos.

...y una de arena

Existe una vieja expresión que sostiene que “la inseguridad nos mueve a falsedad y a cometer actos de cobardía, pero también a la posibilidad de enfrentar lo incierto de forma gallarda y segura”.

Durante los primeros meses de este año, en distintos barrios de la ciudad se han conformado los denominados grupos de “vecinos autoconvocados”, quienes se consideran víctimas de una ola de delitos que el Estado no logra controlar.

A la hora de hacer públicos sus reclamos, en la mayoría de los casos no solamente surgen inquietudes que los asisten en la postura, sino también -hay que decirlo- contradicciones, planteos que a veces rozan el absurdo y, en el peor de los casos, conductas cuando menos discriminatorias y excluyentes.

Durante la semana pasada, la nota la dieron un grupo de habitantes de Villa Martita, el más acomodado y elegante de la ciudad, quienes -entre otras medidas a poner en práctica- resolvieron en una numerosa asamblea que las empleadas domésticas, jardineros y albañiles que quieren trabajar en esa “Villa Justicialista” (el mote se lo ganó a partir de que en ese lugar tienen sus mansiones varios exponentes del partido que gobierna la provincia desde el retorno de la democracia) deberán presentar un certificado de “buena conducta” emitido por la Policía.

Esa postura no solo le valió el repudio de una porción mayoritaria de la ciudad que hizo sonar su escarmiento a través de las redes sociales y las páginas de internet, sino también del delegado local del INADI, Santiago Ferrigno: “Se parte de un preconcepto. Está focalizado en una determinada actividad”, dijo.

Y destacó: “Las preguntas que surgen son varias. La persona que plantea esto, como un resguardo de seguridad, ¿le pediría el certificado a un arquitecto que contrata para hacer una refacción en la casa? ¿O a un abogado que le va a hacer una gestión? La respuesta es no”, razonó.

Más allá de la libertad individual que tiene cualquier persona a la hora de plantear determinadas condiciones a la hora de dar un trabajo, el tinte de segregación de la exigencia es más que claro.

Ferrigno también explicó las implicancias legales. “Si un particular va a la Policía y pide un certificado de conducta sobre un tercero no se lo van a dar. No es posible legalmente”, sostuvo. “Incluso más -añadió- si la Policía extiende un certificado de buena conducta y la persona tiene un problema con el contratado, después podría hacerle un juicio al Estado”.

El planteo es tan descabellado que ni siquiera convalida el particular caso, por ejemplo, de que la persona involucrada haya estado en conflicto con la ley, sobre todo cuando el haber saldado con cumplimiento de pena su delito lo reinserta como ciudadano pleno.

Todos los estudios que sistematizan el comportamiento de personas privadas de la libertad -y de aquellas que ya han egresado de la reclusión- demuestran que tanto la educación como el trabajo determinan el éxito de la reinserción social.

La exigencia del certificado de buena conducta no solo carece de sentido, también es una muestra de que si desde el Estado se arbitraran los medios necesarios para terminar con estas prácticas “residuales” del autoritarismo viviríamos en una ciudad menos excluyente y más democrática.