Esta acusación surge tras los relatos que se vienen publicando en este medio de decenas de caciques de la zona, quienes denunciaron una dramática situación por la falta de trabajo y las persecuciones a las que son sometidos. Además, no reciben la asistencia prometida en la ley de bosques

En un comunicado difundido días pasados, Lhaka Honhat y la OFC aseguraron que “El Tribuno busca derogar la ley de bosques y la de ordenamiento territorial y repintar el mapa con más de 6.000.000 hectáreas en verde”. Particularmente, las organizaciones hacen referencia a los lotes fiscales 55 y 14, donde viven 52 comunidades indígenas de cinco etnias distintas y 462 familias criollas, muchas de ellas instaladas, al menos, desde 1906.

“Desde El Tribuno se deslizan con liviandad mentiras como que Lhaka Honhat pretende un título a su nombre”, dice el comunicado de las organizaciones. En realidad, quienes así lo afirman de manera categórica son los caciques y representantes de Pozo El Toro, Bajo Grande, Vertiente Chica, San Miguel, San Bernardo, Carneada, Las Mojarras y Pozo Bravo, parajes por donde El Tribuno viene desarrollando investigaciones periodísticas referidas a la desnutrición y a las condiciones socio sanitarias de las comunidades que, supuestamente, están protegidas por el fondo de la ley de bosques. Estos polémicos fondos hoy son manejados por dichas organizaciones, junto al Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia, a cargo de Francisco López Sastre. Los lotes 14 y 55 están en conflicto por su titularización desde hace décadas. El organismo que lleva adelante la regularización es la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que depende del Ministerio de Gobierno, a cargo de Pablo Kosiner. “Ellos quieren título único, pero si el título es de ellos nunca vamos a poder hacer nada porque no nos dejan”, contó David Pastor, cacique de Pozo El Toro. “Van sacando fondos a nombre de los aborígenes, pero la plata la usan ellos nomás”, agregó.

Estas denuncias, documentadas en los informes de El Tribuno, parecen molestar a las organizaciones que dicen defender a las comunidades.

El comunicado afirmaba que “El Tribuno culpa a las organizaciones y a la ley de ordenamiento territorial por la prohibición de cortar madera cuando la tala siempre estuvo prohibida en tierras fiscales”.

Efectivamente, esa prohibición siempre estuvo vigente, pero lo que no aclaran es que ahora el impedimento de sacar madera de sus propias tierras, transforma en delincuentes a cientos de aborígenes que viven de esa actividad. Muchos de ellos son los pobladores más pobres de la Argentina y hoy terminan en prisión cuando intentan subsistir vendiendo un poco de madera. Este es el caso de Atilio Anakin, de 22 años, quien buscaba documentos para su mujer y sus cuatro hijos. Después de pasar ocho días preso, “por sacar del monte estacones de quebracho”, decidió hacer el trámite que le permitiera el acceso a la asistencia social, que hasta el momento no recibe. Las organizaciones aseguran que, “mientras se regulariza la situación de las tierras, en forma legal y sustentable, y en las condiciones convenientes, los indígenas y criollos puedan aprovechar sus recursos” (no dice cuales). Eliberto Frías, cacique de Vertiente Chica, afirmó a El Tribuno: “Vendíamos al que compraba madera, por eso conocemos la plata. Compramos comida para nuestra familia. Las fundaciones dicen que se preocupan por los precios que estamos vendiendo. Dicen que es muy poquito. Pero, entonces, ¿por qué no traen a un comprador que pague más?”.