¿Por qué quedó en la nada una megacausa que, en su momento, amenazó con convertirse en una pesadilla para el poder riocuartense? ¿Por qué no se determinó si la denuncia original era verdadera o falaz a pesar de que se habló de una defraudación de 11 millones de dólares al Banco de Córdoba?

Pasaron 10 años desde que Luis Juez, entonces fiscal anticorrupción, desembarcó en Río Cuarto con un manojo de carpetas y acusó a los "amigos del poder" delasotista de haberse beneficiado con créditos jugosos.

Javier Di Santo, el fiscal que terminó pidiendo la prescripción, recibió el caso en 2005, cuando la causa ya estaba paralizada. Meses antes, se había desatado una pelea entre los fiscales para deshacerse de ella. Finalmente, Di Santo no encontró nuevos elementos y la causa emblemática, en la que se investigaba si la empresa Medimed había recibido una autorización para girar en descubierto por 600 mil pesos a pesar de estar catalogada como incobrable, quedó en la nada.

Los imputados eran Juan José Maritano y Jorge Blengino, gerente y subgerente de la delegación local del Banco de Córdoba, y Fabián Maidana, interventor provincial de la entidad. Por el lado de Medimed, una empresa del Policlínico San Lucas, los implicados eran Eduardo Carrillo, Olivo Salvador Poloni y Miguel Ángel Serra.

¿Cuáles son los argumentos que esgrimió el fiscal y que el juez de Control, Daniel Muñoz, aceptó como válidos?

En su pedido de prescripción, Di Santo puntualizó:

l "Atento al lapso transcurrido desde la producción histórica de los supuestos hechos delictivos, se ven superados ampliamente los tiempos previstos por el Ordenamiento Penal para que opere la prescripción de la acción penal", dice Di Santo. Como el delito de administración fraudulenta tiene un máximo de seis años de prisión y el incumplimiento del funcionario público contiene penas de multa e inhabilitación especial, que alcanza a los dos años posteriores al hecho, entonces, la acción penal por la causa Medimed estaba prescripta. Es más, lo estaba ya en 2006.

l "Si la conducta que se reprocha a los imputados como ilegítima se remonta al once de septiembre de dos mil, por demás evidente resulta que los tiempos previstos para la prescripción se han visto superados, toda vez que el lapso de seis años que establece la ley penal para el delito más grave feneció el once de septiembre de dos mil seis. Pero si fuera del caso contar los tiempos prescriptivos desde la última operación que se conoce de la cuenta corriente de la firma Medime, del oficio del Banco de la Provincia de Córdoba obrante a fojas 1157, surge que ‘la cuenta corriente Nº 11291/2 Medime S.A. no se encuentra operando, y que al 20 de noviembre del año 2000, poseía un saldo acreedor de $ 95,53’, lo que permite suponer que a la fecha de la última operación que se conoce la deuda había sido saneada".

l "Desde otro ángulo, e interpretándose que la calidad de funcionarios públicos que ostentaban Maritano, Blengino y Maidana, suspende la prescripción mientras se encontraren desempeñando un cargo público, ha quedado palmariamente acreditado que se dispuso la sustitución y el despido causado de Juan José Maritano el 27 de julio de 2001. Que lo propio aconteció con Jorge Alberto Blengino el 6 de agosto de ese año. Mientras que Fabián Maidana concluyó con sus funciones el 4 de marzo de 2002. Es desde esa fecha, en consecuencia, desde las cuales debe computarse el término de prescripción".

l "Ahora bien, sobre la posibilidad de suspender nuevamente la prescripción fundando la excepción en que alguno de estos funcionarios públicos ocuparan, luego de ser removidos, otros cargos públicos nacionales, provinciales o municipales, como es el caso públicamente conocido de Juan José Maritano quien ocupara un cargo en la Municipalidad local, la doctrina considera que la expresión ‘función pública’ de la norma en cuestión comprende sólo a los funcionarios públicos cuya jerarquía o vecindad con el ejercicio de la acción permita sospechar que puedan emplear su autoridad o influencia con el fin de perjudicar el ejercicio de la acción penal". Es decir, desde el Municipio, Maritano no podía entorpecer la causa y sus años como subsecretario de Gobierno no cancelan la prescripción.

"Son sospechosamente lentos para investigar al poder"

El senador nacional y ex fiscal anticorrupción de la Provincia, Luis Juez, cuestionó duramente la prescripción de la megacausa riocuartense.

Juez fue quien, en el año 2000, presentó unas 30 denuncias contra empresas y gremios que se habrían beneficiado con créditos del Banco de Córdoba por ser "amigos del poder". En ese entonces, Juez era fiscal anticorrupción.

"Es una lástima. Me genera mucha frustración comprobar que la Justicia trabaja en favor de los poderosos, del poder político, no en favor del pueblo", manifestó ayer en declaraciones a Puntal.com.ar

"Con esta decisión terminan perjudicando a todos los cordobeses, porque esos 11 millones de dólares ahora forman parte del pasivo provincial", amplió.

Consultado sobre las razones por las que la Justicia no cumplió con los procedimientos en tiempo y forma, el ex intendente de Córdoba aseguró: "Así funcionan en la Justicia. Son rápidos para resolver un hurto simple, pero sospechosamente lentos para investigar a los que manejan dinero o poder".

"Pensemos que simplemente investigando a tiempo se podría haber salvado el Banco Social al que fundieron con los créditos dados a amigos del poder, tal como aconteció en este caso", amplió Juez.

Por último, el senador recordó que no es la única causa promovida contra allegados o funcionarios al gobierno justicialista que ocupa la Casa de las Tejas desde 1998.

"Ninguna de las causas avanzó en la Justicia. Desde el escándalo por los sobreprecios en la impresión de los Lecor hasta los sobreprecios en la obra pública, ninguno de esos hechos fue investigado", indicó.