En el 2007 el juez Jorge Videla reconoció la posesión del lote a favor del propietario William Henry Fisher y el fallo quedó firme. A fines de 2009 se hizo efectivo el desalojo de algunas casas que había construido la comunidad después del 2005.

En el 2010 la comunidad solicitó una medida cautelar de no innovar para que Fisher no avance ni construya sobre un “rewe”. En paralelo, recurrió a la CIDH para que interceda en el conflicto.

El juez subrogante Federico Sommer –ahora integrante de la Cámara de San Martín- hizo lugar a la medida tras recorrer el predio junto a una “machi” de la misma comunidad que determinó el espacio del lugar sagrado.

Fisher apeló la medida y la cámara debía revocarla o ratificarla. Finalmente la confirmó, aplicando además los términos del fallo de la CIDH, emitido en abril de 2011.

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Originarios (ODHPI), cuyo director, Juan Manuel Salgado representa a la comunidad en varias causas, destacó la resolución en cuanto al precedente que sienta en la jurisprudencia argentina. “Es importante, puesto que en su decisión se remite a lo que ya resolvió la Comisión Interamericana y eso es un importante avance en una provincia en donde el gobierno desconoce sistemáticamente los tratados internacionales”, dijo Salgado.

“Las resoluciones de la CIDH deben ser cumplidas por los estados y obviamente por los tribunales locales, pero la mayoría de los jueces provinciales son renuentes a aplicar el derecho internacional, pese a que la Corte Suprema argentina lo ha resuelto así desde hace 20 años”, indicó.

“La Comisión solicitó al Estado de Argentina que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe ubicado en el predio objeto del litigio “, asegura el fallo de la Cámara de Apelaciones del 25 de marzo pasado, con la firma de las juezas María Julia Barrese y Gladys Mabel Folone.

El fallo de la CIDH solicitaba al Estado que instrumente las medidas necesarias “para garantizar que los miembros de la comunidad Paichil Antriao que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar durante el tiempo que quieran, y sin que se presentaran episodios de violencia, agresión, hostigamiento o amenazas por parte de la policía o de tales otros grupos de seguridad”.

“Es un fallo aberrante”

El abogado de Fisher, Héctor Vénica, consideró que el fallo es “ aberrante, arbitrario y discriminatorio. Viola el debido proceso y defensa, ya que aplica un fallo de la CIDH que ni siquiera fuimos notificados porque no somos parte. Es una locura jurídica, absolutamente violatorio de los principales derechos, ningún ciudadano está seguro con ese tipo de fallo”.

“La cámara se ha extralimitado de manera brutal contra todos los derechos bajo la excusa de proteger supuestamente derechos que no están acreditados de ninguna manera”, sostuvo el abogado.

En tanto apuntó que el fallo faculta que cualquier miembro de la comunidad “pueda ingresar al domicilio de mi defendido a la hora que quieran y permanecer cuanto quiera. ¿Y a Fisher quién le garantiza que no le prendan fuego la casa como se la prendieron 10 veces, o le tiren lavandina en la cara y lo acosen?. El único pecado de Fisher es tener nacionalidad norteamericana, lo discriminan por eso”.

Asimismo, sostuvo que “el estado está ausente. El fallo de la CIDH es producto de la actividad del Dr. Salgado que es observador y abogado de la comunidad, es juez y parte en ese proceso. Nosotros no somos parte, no nos dieron el derecho de introducir ninguna prueba o manifestación”.

En principio, Fisher apelaría el fallo de la Cámara y resolverá la situación el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.